–En cumplimiento de la sentencia y de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el presidente Gustavo Petro pidió perdón este viernes por el exterminio de integrantes del partido Unión Patriótica, UP, incluyendo a sus más caracterizados líderes.

«Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica», afirmó el primer mandatario en un breve mensaje en su cuenta en la red social X, ya que por estar afectado de una gripe, se excusó de asistir al acto en la Plaza de Bolívar de reconocimiento de la responsabilidad internacional de Colombia, como Estado, por los diferentes hechos victimizantes perpetrados en contra los miembros y militantes de la Unión Patriótica (UP).

He suspendido mi agenda del día de hoy, los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio. Hoy acompaño a todas las víctimas y, como jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2024

Pese a que más de mil víctimas se congregaron en la Plaza de Bolivar, el acto de perdón fue aplazado para nueva fecha que será determinada en los próximos días, por la ausencia del presidente Gustavo Petro.

Así lo indicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad organizadora, a cargo de garantizar el cumplimiento efectivo y oportuno de las disposiciones internacionales en favor de las víctimas.

Por el estado de salud del presidente @petrogustavo, se acordó de la mano de las víctimas de la @UP_Colombia realizar el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en una nueva fecha.

El Estado colombiano está comprometido con la reparación integral a las víctimas. pic.twitter.com/C6HueiUJBP

— Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (@AgenciaDefensaJ) October 11, 2024

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Colombia responsable por la violencia sistemática y generalizada mediante actos de desaparición forzada, asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, judicializaciones indebidas, tortura y desplazamientos forzados entre otros; que llevó al exterminio por razones políticas del partido político Unión Patriótica. En consecuencia, ordenó como medida de reparación, con la finalidad de que la sociedad conozca lo que ocurrió para que no se repita, la publicación de la sentencia a través de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación.

La Comisión Interamericana calificó los hechos de que fueron víctimas los integrantes de la UP como un exterminio y consideró que el Estado es responsable internacionalmente por el incumplimiento de sus deberes de respeto, y de
garantía, por las privaciones del derecho a la vida, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de homicidio de los integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica.

Asimismo, determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial por la alegada criminalización y torturas contra integrantes y simpatizantes
de la Unión Patriótica. Además, concluyó que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, puesto que el móvil de las alegadas violaciones de derechos humanos fue la pertenencia de las presuntas víctimas a un partido político y la expresión de sus ideas a través de este. También, estimó que el Estado violó el derecho a la honra y dignidad de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica puesto que estos habrían sido estigmatizados tanto por agentes estatales como por actores no estatales. Del mismo modo, determinó que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y, protección judicial, y el deber de investigar las alegadas graves violaciones de derechos humanos ocurridas.