–(Imagen ilustrativa @FocusLATAM). La organización estadounidense Freedom House, en su informe “Libertad en la red 2024: La lucha por la confianza en Internet”, afirma que “los ataques violentos y la intimidación para silenciar la libertad de expresión en línea se generalizaron durante el año”, además de proliferar los contenidos falsos y engañosos en elecciones.

Según la ONG, informar a través de Internet es cada vez menos viable para países de la región como Venezuela, donde muchos comunicadores son amenazados y hasta condenados por ejercer el oficio o simplemente se autocensuran debido al temor infundido desde el poder.

Una periodista venezolana, que por temor a represalias pidió no ser identificada, declaró a la Voz de América:

“Ya uno no puede utilizar las redes sociales para informar, para decir que está pasando algo o en cuanto a las informaciones que da el Gobierno, porque bueno… nos pueden buscar, nos pueden privar de libertad, nos pueden hasta condenar y, en muchos casos, ellos lo que aplican es más que todo la ley del odio”.

El reporte de Freedom House evaluó la libertad en Internet en 72 países, equivalente al 87 % de los usuarios de Internet del mundo y abarcó los acontecimientos ocurridos entre junio de 2023 y mayo de 2024.

La libertad en este ámbito -explica el documento- disminuyó en 25 de 72 países estudiados por Freedom House. China tiene uno de los peores entornos del mundo, contrario a Chile, con fuertes salvaguardas en los derechos humanos.

El texto de Freedom House indicó que el empeoramiento de las condiciones para informar en línea coincidió con el hecho de que muchas personas en el mundo, entre ellos los venezolanos, “se preparaban para ir a las urnas”.

El informe de la organización sin fines de lucro y enfocada en crear un mundo democrático, concluyó que las protecciones a los derechos humanos en línea disminuyeron en 27 de los 72 países cubiertos por Freedom on the Net 2024, y 18 de ellos obtuvieron mejoras.

Los gobiernos -afirma la investigación- también recurrieron a arrestos, violencia y otras formas de represión para silenciar el discurso en línea fuera de los periodos electorales.

“En al menos 56 países, los usuarios de Internet fueron arrestados debido a su expresión política, social o religiosa. Las personas fueron atacadas físicamente o asesinadas en represalia por sus actividades en línea en un récord de al menos 43 países”, indicó el documento.

Este es – de acuerdo con Freedom House- el décimocuarto año consecutivo en el que se presenta este tipo de declive de la libertad global en Internet, relacionado con la intromisión electoral, la censura y la manipulación de contenido que el año pasado terminaron socavando la capacidad de los votantes de tomar decisiones informadas en las elecciones de todo el mundo.

Nicole Bibbins Sedaca, presidenta interina de Freedom House, explicó que algunos de los abusos más graves se produjeron en el contexto de conflictos armados, sumiendo a los civiles a vacíos de información e impidiéndoles el acceso a ayuda vital.

“La gente tiene dificultades para acceder a información creíble en línea, y la proliferación de contenido falso o engañoso está alimentando la duda sobre los resultados electorales y sembrando una desconfianza a largo plazo en las instituciones democráticas”, dijo Bibbins Sedaca.

Admitió además que generar “un espacio seguro y confiable para la expresión en línea es esencial no solo para defender la libertad en Internet, sino también para salvaguardar y fortalecer la democracia”.

La periodista venezolana consultada para este artículo aseguró que tras las disputadas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela ha sido aún peor lo que describió como “la arremetida” contra los comunicadores de parte del gobierno de Nicolás Maduro, a quien las autoridades electorales dieron el triunfo, a pesar de que la oposición ha mostrado actas, videos y otras pruebas por las cuales se consideran los “legítimos” vencedores en la pasada elección.

“El mismo gobierno le crea a uno esa autocensura, por el miedo a represalias y ellos están aquí a la orden a meter preso a quienes mejor les provoquen o a quien no les guste”, agregó la periodista que aludió a que las condenas para profesionales de la prensa pueden oscilar entre los 5 y 10 años de cárcel.

El gobierno de Maduro a menudo desconoce y desacredita a la prensa que está fuera de su control, a la que no le ofrece información ni accesos a las fuentes oficiales, que es un exclusivo privilegio de los medios afines a los intereses de la llamada “revolución bolivariana”.

Citas informe Freedom House

Los hallazgos muestran que 25 gobiernos de los 72 países analizados “cortaron el acceso a Internet, restringieron el acceso a las plataformas de redes sociales o bloquearon sitios web que albergaban discursos políticos, sociales y religiosos durante los períodos electorales, a menudo con la intención de dar forma a los resultados”.

En Venezuela, por ejemplo, de acuerdo con la ONG Espacio Público, en lo que va de 2024 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha cerrado 14 emisoras y, entre 2003 y 2023, al menos 297.

“Muchas emisoras del país, en varios estados de Venezuela, fueron cerradas por el gobierno justamente porque no son complacientes”, afirmó la periodista venezolana. Agregó que las páginas digitales opositoras y sus espaciones en redes sociales como X, antes Twitter, también han sido bloqueadas y para poder acceder a ellas, el usuario debe contar con una VPN o red privada virtual.

El informe también resaltó cómo previo a la primaria de la oposición venezolana, organizada de forma independiente en octubre de 2023, “el régimen autoritario de Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de los sitios que permitían a los votantes localizar los centros de votación” y, en julio, tras el recuento de votos de la oposición que daba por ganador a Edmundo González, “el régimen intensificó su aparato de censura para apoyar las afirmaciones de victoria de Maduro”.

De los países cubiertos por FOTN 2024 /Freedom on the Net, se registró un récord según el cual al menos 43 personas fueron atacadas o asesinadas en represalia contra su discurso y activismo en línea. En al menos 56 países, los usuarios de Internet fueron arrestados debido a su expresión política, social o religiosa y, en ocasiones, condujeron a sentencias de prisión que superaron los 10 años.

Además, comentaristas progubernamentales manipularon la información en línea, a menudo promoviendo información falsa sobre las elecciones y los candidatos.

En ese propósito, fueron utilizadas las herramientas de la Inteligencia Artificial para crear información falsa y engañosa, aumentando los métodos más antiguos de manipulación de contenido. Esta se usó como una herramienta no regulada que se empleó “de diversas maneras, desde inocuas hasta altamente engañosas”.

Los indicadores de FOTN que evalúan los límites a los contenidos, también cayeron este año a su puntuación media más baja en más de una década. “La censura y la manipulación en línea son cada vez más extremas”, indica el informe.

Para Sergio Arauz, subjefe de redacción del medio salvadoreño El Faro, en su país el contexto es “hostil y que le da miedo a cualquiera”. Además, viven en medio del régimen de excepción desde hace más de dos años, lo que significa una “suspensión de garantías constitucionales, no hay debido proceso, no hay independencia judicial y entonces los periodistas somos sujetos de un arresto probable y arbitrario”.

Y, en ese “contexto de miedo”, añadió en entrevista con la VOA, se termina en la autocensura o en “no investigar, por no decir por no expresarse”.

“Nosotros nos sentimos amenazados porque hace unos días intentaron bajar la página web del medio Redacción Regional, esto luego de que publicamos dos investigaciones sobre el clan Bukele, y su incremento patrimonial”, agregó Jaime Quintanilla, periodista salvadoreño.

Chile, un “modelo global”

El informe indicó que Chile y los Países Bajos, quienes fueron evaluados por primera vez este año, “sirven como modelos globales de libertad en Internet”. El país latinoamericano se ubicó en tercer lugar, con 86 puntos, los mismos que Canadá.

Ingrid Bachmann, académica en la Universidad Católica de Chile y Directora del Núcleo Milenio de Desigualdades y Oportunidades Digitales, NUDOS, explicó a la VOA que actualmente, en ese país, “en los últimos años se ha demostrado que todavía se defiende la libertad de expresión, también en internet, sobre otros tipos de controles”.

“El ejercicio del periodismo y del activismo en Internet no es algo que suponga que te arresten o que te maten, como sí ocurría en tiempos de dictadura”, dijo la académica, pero aclaró que “sería un poco complaciente” afirmar que el país está bien en la materia, sino que “en realidad” es que se compara con otros países, como los de la región, “que están muy mal”.

En Chile, “cualquier asomo de regular contenidos, muchas veces genera una reacción bastante inmediata de que esto atentaría contra la libertad de prensa o de expresión, e incluso, se tacha como censura”, agregó.

Para Bachmann, hay periodistas y activistas independientes que “podrían considerar que el espacio digital no es tan seguro, a pesar de que no hay grandes pérdidas de vida que lamentar aún”, pues las amenazas son latentes. Sin embargo, aún se cataloga como “un hito” que un periodista muera ejerciendo su profesión, pues no es muy común en ese país.

Por otro lado, en medio de un sombrío panorama, el informe de Freedom House resaltó que en más de la mitad de los 41 países de la FOTN que celebraron o se prepararon para elecciones nacionales durante el período de cobertura, los gobiernos tomaron medidas destinadas a hacer más confiable el espacio informativo.

Algunos también “intentaron abordar el contenido falso, engañoso o incendiario”, a través de la aplicación de normas de eliminación de contenido entre las empresas de tecnología. Y se ha apoyado la verificación de datos y la alfabetización digital.

La coautora del informe Allie Funk, directora de investigación de tecnología y democracia de Freedom House afirmó que un rol importante para revertir la tendencia de los últimos 14 años pasa por la acción de los decisores públicos.

“Para revertir el declive global de la libertad en Internet, los responsables políticos y las empresas deberían renovar sus compromisos de proteger la libertad de expresión, salvaguardar el acceso a información diversa e impulsar el apoyo a la sociedad civil local”, concluyó Funk. (Información Karen Sánchez, Karla Arévalo, Patricia Luna, VOA).