–(Foto PGN). La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presentó en las últimas hora el informe “Entre avances ambivalentes y afectaciones persistentes: el asedio al medio ambiente natural y las posibilidades de prevenir los ecocidios en Colombia (2022-2024)”, en el cual detalla los estragos ambientales que vienen cometiendo las disidencias de las Farc, el Eln, el clan del golfo y otras bandas criminales y que afectan ríos, bosques, páramos, montañas, lagunas y sierras que fueron declarados víctimas por la JEP.

De acuerdo con la investigación, del 1 de agosto de 2022 al 30 de septiembre de 2024 cada 72 horas se ha cometido por lo menos una grave afectación a la naturaleza en Colombia.

El Clan del Golfo es el grupo armado ilegal que más ha afectado al medio ambiente.

Durante los últimos dos años, ha registrado persistentes actos de tala indiscriminada y de actividades expansivas de la cadena productiva de la minería ilegal.

El informe detalla los dividendos medioambientales del cese al fuego pactado con el Eln y la facción de las disidencias representadas por alias Andrey Avendaño

En este sentido, indica que durante el cese al fuego bilateral con el Eln, se evidenció una disminución del 100% en los ataques contra la infraestructura petrolera.

Esto evitó el derrame de por lo menos 3 millones de litros de crudo. Sin embargo, una vez finalizado el cese al fuego el ELN retomó la voladura de oleoductos volviendo a ocasionar daños graves y extensos a los recursos hídricos y a la capa vegetal.

Por su parte, el cese al fuego con las disidencias coordinadas por Andrey Avendaño tuvo un efecto considerable frenando el ritmo acelerado que llevaba la deforestación en el Catatumbo años atrás.

El informe establece que la disputa entre facciones de las disidencias de las Farc por la Amazonía pone en grave riesgo la participación de las comunidades étnicas en la justicia transicional.

En ese sentido, un resultado observado en este informe es que hay por lo menos 18 municipios de 8 departamentos del país en los que los grupos armados ilegales regulan la relación comunidad-territorio-naturaleza. Es decir, hay extensas superficies del país caracterizadas por su riqueza hídrica o su diversidad en flora y fauna donde el Estado perdió o nunca recuperó el control territorial, lo que ha dejado a merced de grupos armados irregulares y organizaciones criminales de alto impacto, la regulación y explotación de la tierra y los recursos naturales.

El clan del golfo es el grupo armado ilegal que más ha afectado al medio ambiente y continúa siendo el principal responsable de los daños ambientales relacionados con la minería ilegal. Durante los últimos dos años, ha estado vinculado con numerosos hechos de tala indiscriminada y de actividades de la cadena productiva de la minería ilegal.

La subestructura Carretera del Frente Jairo de Jesús Durango se mantiene como el mayor responsable de los impactos ambientales ocasionados por la minería de oro en la subregión del Atrato, en Chocó. Desde enero de 2023, esta actividad ilícita ha conducido a la deforestación de al menos 34 hectáreas, generando daños en el ecosistema que podrían tardar entre 30 y 40 años en recuperarse.

Otros enclaves mineros de este grupo armado en el Bajo Cauca y el nordeste antioqueño permanecen bajo el poder del Frente Roberto Vargas Gutiérrez.

No obstante, también se ha observado una expansión de esta actividad ilícita hacia el Magdalena medio y el oriente antioqueño por parte de la nueva subestructura
Pacificadores de Samaná.

A saber:

– En el río Santo Domingo, de la vereda El Remolino de Alejandría (Antioquia), tropas del Ejército Nacional ubicaron cuatro unidades de producción minera que se empleaban para extraer de forma ilícita oro por parte de presuntos integrantes de la subestructura Pacificadores del Samaná del Clan del Golfo.

Los hallazgos por parte del Ejército permitieron identificar la deforestación de 600 árboles y un área de 16.500 m³ de subsuelo removido. Se estima un tiempo de recuperación vegetal de 40 años, al igual que el cauce normal del río Santo Domingo.

– En Puerto Nare y Yolombó (Antioquia), el Ejército Nacional ubicó tres unidades productoras mineras que pertenecerían al Clan del Golfo. Según la estimación realizada la recuperación de las áreas afectadas será de más de 40 años.

El Clan del Golfo mantiene una misma lógica en cuanto a las normas y regulaciones sobre los aspectos ambientales, y esto es coherente con su actividad depredadora de los recursos mineros y forestales. Se encontró que en el departamento de Chocó y en la subregión del Urabá este actor armado ha promovido la tala y deforestación masiva para cumplir con sus objetivos a nivel financiero.

Algunas subestructuras como el Frente Carlos Vásquez en el municipio de Apartadó le han ordenado a la población civil a través de citaciones a reuniones que eran los únicos que estaban autorizados para promover la tala de árboles para la producción de madera.

De hecho, prohibieron el corte y la comercialización de la madera sin su previa autorización.

Por su parte, en municipios como Carmen del Darién y el Litoral del San Juan (Chocó) integrantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez le han ordenaron a las comunidades asistir a reuniones en las que los obligan a aumentar los cultivos de uso ilícito y les comunicaron que deben cumplir con una meta de hectáreas cultivadas con hoja de coca. En muchos casos, al interior de los territorios colectivos o en áreas selváticas les fuerzan a realizar procesos de deforestación y resiembra de cultivos.

Estos hechos están afectando desproporcionadamente a los resguardos indígenas del pueblo Emberá que participan en los casos 04 y 09 ante la JEP.

Segunda Marquetalia y su relación con la minería de oro en Putumayo.

La actividad de la Segunda Marquetalia respecto al medio ambiente ha sido mínima y de este grupo poco se ha registrado sobre actividades de tala indiscriminada.

Sin embargo, durante los dos últimos años se conoció que el Frente Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano de la Segunda Marquetalia es el principal responsable de la extracción de oro en el departamento de Putumayo, principalmente en Puerto Guzmán y Puerto Caicedo.

Esta actividad ilícita ha impactado significativamente la selva amazónica ya que han
sido deforestados al menos 140 hectáreas desde enero de 2023 y se han contaminado tramos de los afluentes hídricos de los ríos Caquetá y Putumayo.

Las disidencias del antes denominado Estado Mayor Central: entre avances ambivalentes y una deuda medioambiental para la construcción de paz Los frentes Jaime Martínez, Carolina Ramírez y Frente 1 de las disidencias coordinadas por Iván Mordisco serían los mayores responsables de la deforestación en áreas como el occidente del Valle del Cauca, el norte del Cauca y la Amazonía colombiana. Estas facciones armadas habrían estado involucradas en al menos 11 casos de tala indiscriminada, algunos de ellos vinculados a la cadena productiva de la minería ilegal, así como otros referidos a la construcción o adecuación de carreteras, actividades relacionadas con la ganadería o el tráfico de madera.

Hay que señalar que esta disidencia ha adoptado posturas ambivalentes con respecto a la protección o destrucción del medio ambiente en las áreas donde registra injerencia.

Algunas facciones han continuado las políticas que el Secretariado de las extintas FARC-EP estableció para regular conductas que dañen los ecosistemas. Sin embargo, otras subestructuras han implementado acciones que causan un impacto grave, extenso y duradero en la flora y fauna de regiones estratégicas, con el fin de sostener sus actividades ilícitas.

Un ejemplo claro de esta contradicción es el caso del Frente Ismael Ruíz en el departamento del Huila, que ha impuesto sanciones a quienes arrojen basura en nacimientos de agua. Además, han exigido a las comunidades la construcción de pozos sépticos para evitar la contaminación de fuentes hídricas, bajo la amenaza de multas para quienes no cumplan

Está situación es similar en las zonas de injerencia del Bloque Magdalena Medio coordinado por alias Jhon Mechas y Andrey Avendaño. En Catatumbo, el Frente 33 le prohibió a la población arrojar cualquier tipo de desechos las fuentes hídricas.

Igualmente, en esta región del país se han apreciado avances positivos en lo relacionado con el cese al fuego y la contención de la deforestación histórica que había caracterizado esta zona del país. Sin embargo, en el nordeste antioqueño el Frente 36 -que también hace parte del organigrama del Bloque Magdalena Medioobligó a los pobladores a abandonar cualquier proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito y retornara la siembra de hoja de coca en el municipio sin tener en cuenta la deforestación que esto conlleva.

Contradictoriamente, en zonas como el occidente y norte del Cauca, desde 2023 se ha evidenciado la expansión del fenómeno de minería ilegal por parte de las disidencias que hacen parte del Bloque Occidental. Se destaca la responsabilidad del Frente Jaime Martínez en la tala de más de 6.000 árboles en los municipios de Jamundí, López de Micay, Santander de Quilichao y Villa Rica (Cauca), generando impactos de al menos 40 años para la flora y fauna de esta región. Inclusive, en algunas zonas realiza cobros extorsivos del 20% sobre el valor comercial del mineral extraído a los mineros artesanales, generando ingresos mensuales de 134 millonespara la organización.

En el caso de las Amazonía los impactos ambientales son atribuidos en especial al Bloque Amazonas de las disidencias coordinadas por Iván Mordisco, presuntamente responsables de la deforestación de más de 13.000 hectáreas de selva en el Parque Nacional Chiribiquete.

Las acciones relacionadas con la deforestación también han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá Córdoba le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones.

Además, con el objetivo de aumentar la producción de coca, el Frente 1 ha impuesto órdenes directas a la población civil para expandir los cultivos, ofreciendo 50 hectáreas a quienes accedan a colaborar en esta actividad. Asimismo, han advertido que quienes se nieguen a cumplir con estas exigencias no podrán permanecer en la zona, es decir, en caso de que se rehúsen a obedecer esta directriz pueden ser víctimas de desplazamiento forzado.

La deforestación de la Amazonía por parte de las facciones disidentes de Iván Mordisco y de Calarcá Córdoba pone en grave riesgo la participación de las comunidades étnicas acreditadas en la JEP que residen en la Amazonía y Orinoquía.

El macro caso 09, la JEP ha focalizado la investigación de los crímenes contra pueblos y territorios étnicos en algunos departamentos como Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. En el marco de este informe, se encontró que, debido a la nueva guerra por la Amazonía entre las facciones lideradas por Mordisco y Calarcá, por el control sobre las áreas de conservación ambiental, la participación de las comunidades étnicas en la justicia transicional puede estar en riesgo.

Desde marzo de 2024, después del fraccionamiento del EMC, en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Amazonas permanecieron estructuras de dos facciones de estas disidencias que en la actualidad se han declarado una guerra abierta y directa.

Las disidencias coordinadas por Iván Mordisco a través de los frentes Carolina Ramírez y Armando Ríos; y las coordinadas por Calarcá Córdoba, mediante los frentes Raúl Reyes y Rodrigo Cadete se disputan el control del territorio, especialmente del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal.

Con la injerencia que han mantenido las facciones disidentes en la zona, múltiples organizaciones sociales han monitoreado y alertado sobre un preocupante fenómeno: el aumento de la deforestación relacionado con la construcción de carreteras ilegales.

Si bien se destaca que una multiplicidad de actores influye en este fenómeno, es importante resaltar el rol de las disidencias quienes han construido por lo menos tres corredores en áreas ubicadas en el Parque Nacional Natural (PNN) Serranía de Chiribiquete:

1. Vía Puerto Cachicamo – La Tunia, en el departamento de Caquetá. En su totalidad son 66 kilómetros que inician en la Marginal de la Selva40, a un costado del río Guayabero, que se extienden al sur, pasando por el PNN Serranía de Chiribiquete y el Resguardo indígena Yaguará II.

2. La Tunia – Camuya de 58 kilómetros, gran parte de ella está en zona protegida del Chiribiquete.

3. La Playa – Río Yarí con 33 kilómetros 41.

Para construir estos tramos las disidencias deforestaron más de 13.000 hectáreas de
selva en el Parque Nacional, cuya área equivale a aproximadamente 11.200 piscinas olímpicas. Con el propósito de continuar dimensionando las consecuencias medio ambientales de esta problemática, vale la pena considerar que estas tres vías, que en su conjunto comprenden alrededor de 157 kilómetros, son más extensas que algunos de los principales trayectos viales a nivel nacional. Por ejemplo:

• Cali – Buenaventura: 114 kilómetros.
• Cali – Popayán: 140 kilómetros.
• Medellín – Carmen de Atrato: 139 kilómetros.
• Bogotá – Tunja: 141 kilómetros.

Las implicaciones medioambientales de este fenómeno deben entenderse en el contexto sociocultural en el que se desarrollan y la manera en que afectan la relación entre las comunidades con el territorio. Además, esto significa que, la destrucción de los medios de vida de los pueblos indígenas pone en riesgo su supervivencia.

En este sentido, es importante alertar que los actos de tala masiva indiscriminada de árboles por parte de las disidencias de las FARC han generado múltiples daños al territorio ancestral, conllevando a la desarmonización de las áreas donde habitan los pueblos indígenas.

Particularmente, las etnias pijao, piratapuyo y tucano, quienes se encuentran priorizados en el caso 09 y han denunciado la deforestación causada por estos actores armados ilegales en su territorio ancestral.

Estas acciones han devenido en amenazas de muerte en contra de la población indígena, afectando profundamente los ejercicios de gobernanza propia de las comunidades y su relación con el territorio como fuente de sustento y arraigo hacia el mismo. Este panorama pone en riesgo la participación de estos sujetos colectivos en la JEP, así como la documentación de los casos que contribuyen al esclarecimiento de la verdad y la identificación de los máximos responsables en el marco de las diligencias judiciales.

Son por esas razones que desde la Unidad de Investigación y Acusación se alerta que la disputa territorial entre las facciones de las disidencias ha ocasionado graves daños ambientales que amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas de la Amazonía, lo que a su vez pone en grave riesgo la participación de las comunidades étnicas ante la JEP, minando la satisfacción del derecho de las víctimas a la verdad judicial y a las garantías de no repetición.