–San Pedro de Urabá, en Antioquia, junto con Valencia y Tierralta, en Córdoba, fueron incluidos por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Caso 04, que prioriza la situación de Urabá, tras hallazgos en la investigación de que esa región fue disputada por los actores armados del conflicto y fueron víctimas de la violencia de las exFarc y grupos paramilitares, y de crimenes asociados al cambio del uso del suelo y la tenencia de la tierra, así como el desplazamiento forzado y el despojo masivo de tierras.

Esas poblaciones se suman a los municipios de Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo (Antioquia), así como El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó), que ya habían sido incluidos en el proceso.

La JEP indicó que la decisión se sustenta en nuevos hallazgos que indican la ocurrencia de graves crímenes y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), que vulneraron sistemáticamente los derechos de la población civil, las comunidades étnicas y campesinas, así como el territorio de estos municipios de la subregión norte de Urabá.

Esta decisión responde a las solicitudes expresadas por las víctimas en sus observaciones presentadas en el 2022 a los autos de priorización del Caso 04, así como a las confesiones hechas por los comparecientes en las versiones. Para la inclusión de los tres municipios la sala también tuvo en cuenta las declaraciones juramentadas de testigos, las diligencias dialógicas en las que participaron víctimas, comunidades y comparecientes, así como la información proveniente de la justicia ordinaria, de Justicia y Paz y de los 115 informes entregados por organizaciones de víctimas a la JEP que evidencian graves crímenes y violaciones DIH.

De acuerdo con la magistratura, las diversas formas de violencia perpetrada contra la población civil por los actores armados en el norte de Urabá proporcionan claves para esclarecer patrones criminales asociados al cambio en el uso del suelo y la tenencia de la tierra, como el desplazamiento forzado y el despojo masivo de tierras.

Para tomar esta decisión, la sala consideró relevantes las circunstancias geográficas, económicas, sociales y culturales en las cuales sucedieron las conductas; las estructuras y el funcionamiento de las organizaciones criminales; los planes criminales y sus móviles; y la identificación de los responsables, las víctimas y sus condiciones particulares en la situación territorial de la región de Urabá, y que justifican el ajuste en la estrategia de investigación del Caso 04.

Así, por ejemplo, la magistratura explicó que los municipios de San Pedro de Urabá, Tierralta y Valencia conectan el norte de Urabá con la Serranía de Abibe y el Nudo del Paramillo, corredores estratégicos para la movilidad entre Antioquia, Chocó y Córdoba, que fueron disputados entre las Farc-EP, la fuerza pública, los grupos paramilitares y otros actores armados. Estas rutas les permitían adquirir posiciones para el desarrollo de acciones bélicas y tener control, mediante el uso de la violencia, sobre la dinámica social, política, cultural y de las economías lícitas e ilícitas en la región; el análisis exhaustivo de estos factores determinó la necesidad de ajustar la estrategia de investigación del Caso 04.

Según la Sala de Reconocimiento de Verdad, las dinámicas de violencia que se presentaron en los municipios de San Pedro de Urabá, Tierralta y Valencia se inscriben en el contexto de una región de Urabá caracterizada por su alto potencial económico, el interés en la explotación de recursos naturales, el desarrollo de proyectos agroindustriales como el cultivo de banano, madera, ganadería y palma de aceite, así como la proyección de infraestructura para la conexión intercontinental.

A partir de esta decisión judicial, el Caso 04 se concentrará en los antiguos integrantes de los Frentes 5 y 58, estructuras militares que operaron en los municipios del norte de Urabá desde la década de 1970. A partir de 1988, estas estructuras respondieron a la directriz de combatir el proyecto paramilitar que auspiciaron empresarios, hacendados y narcotraficantes en Córdoba y Urabá. Además, la investigación profundizará en hechos perpetrados por la Columna Móvil Mario Vélez de las Farc-EP, creada 2002 para apoyar la acción militar de los Frentes 5 y 58.

En cuanto a la fuerza pública, la Sala de Reconocimiento continuará profundizando en las acciones de violencia cometidas por exintegrantes de la Brigada XI del Ejército, cuya jurisdicción abarcó los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba), donde, por ejemplo, desplegaron la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo.

Actualmente, al Caso 04 están vinculados 172 miembros activos e inactivos de la fuerza pública, 153 antiguos integrantes de las extintas Farc-EP de los frentes 5, 34, 57 y 58, así como nueve terceros civiles.

La ampliación de los municipios priorizados se realiza en coordinación con la investigación del Caso 01, en el cual se imputaron recientemente a antiguos miembros del Bloque Noroccidental de las Farc-EP por los secuestros perpetrados en Antioquia, Córdoba, Chocó, Risaralda y Caldas. Asimismo, tiene en cuenta los avances procesales del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, que examina hechos atribuibles a unidades militares de la Primera División del Ejército Nacional y a exintegrantes del Grupo Gaula Córdoba. Esta decisión también está articulada con los Casos 10 y 8, que investigan crímenes no amnistiables perpetrados por las Farc-EP y la fuerza pública, respectivamente.