–Conjueces de la Sala Penal confirmaron este martes la condena contra dos altos exfuncionarios de la Casa de Nariño por el delito de concierto para delinquir, en un complot para desprestigiar a integrantes de la Corte Suprema de Justicia y opositores del gobierno del entonces del presidente Alvaro Uribe Vélez, en el sonado escándalo que se conoció como las “chuzadas del DAS”.

Se trata de Edmundo del Castillo Restrepo, secretario jurídico de la Presidencia de la República, y de Cesar Mauricio Velásquez Ossa, secretario de prensa de la misma Casa de Nariño, condenados a seis años de carcel por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 6 de septiembre de 2021.

Los exfuncionarios a través de sus defensores impugnaron esa sentencia condenatoria que revocó la absolución proferida por el Juzgado 56 Penal del Circuito de esta ciudad, declarando a los mencionados exfuncionarios del alto gobierno penalmente responsables del delito de concierto para delinquir.

Conjueces de la #SalaPenal confirmaron condena contra dos altos exfuncionarios de la Casa de Nariño por el delito de concierto para delinquir, vinculado a actividades ilegales para desprestigiar a integrantes de la @CorteSupremaJ y opositores.
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— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) December 3, 2024

La Corte Suprema, en el fallo, reseña que el caso se originó en septiembre de 2007, cuando tuvo lugar un desayuno en el Club Metropolitano en el que Bernardo Moret o Villegas, en su condición de director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, le comunicó a María del Pilar Hurtado Afanador, entonces directora del Departamento Administrativo de SEguridad, DAS, que la Presidencia tenía cuatro requerimientos específicos pura ese organismo de seguridad, dentro de los cuales se encontraba recopilar información de la Corte Suprema de Justicia.

Esa tarea la asumió el desaparecido organismo de inteligencia estatal bajo la denominación de “proyecto escalera”, con la consecuente asignación de personal y de recursos para la ejecución del mismo. Así, se ubicaron fuentes humanas al interior del Alto Tribunal, que pudieran recolectar información diferente a la que circulaba en la prensa; se usaron grabadoras para registrar lo que ocurría allí, incluidas las sesiones de sala plena; y se extraían copias de expedientes que resultaban ser de interés para el gobierno de turno.

Luego, bajo la fachada de una supuesta infiltración del narcotráfico en la Corte, se activaron los ciclos de inteligencia del DAS y de la UIAF para determinar el origen de los dineros con los cuales se había pagado un vuelo chárter utilizado por los magistrados de aquella Corporación, con destino a la ciudad de Neiva, en el año 2006, en el marco de un homenaje al doctor Yesid Ramírez Bastidas.

El interés del DAPRE era conocer si existía un vinculo entre esos recursos y personajes como Giorgio Sale o Ascencio Reyes, conectados de alguna forma con temas de narcotráfico y de lavado de activos. Para socializar los avances de las pesquisas, se realizaron tres reuniones en la Casa de Nariño, en las cuales se contó con la participación de Edmundo del Castillo Restrepo, secretario jurídico de Presidencia, y de Cesar Mauricio Velásquez Ossa, secretario de prensa de la misma entidad.

Luego, la información privilegiada, reservada y de inteligencia compartida en dichos encuentros, fue entregada subrepticiamente a los medios de comunicación, sirviendo de insumo para que se elaboraran dos artículos: “el mecenas de la justicia” y “la paja en el ojo ajeno”, con el fin de enlodar la imagen de la Corte.

Gloria Congote, la autora de la primera publicación, quien en ese momento laboraba para la revista Semana, devolvió el material suministrado a Edmundo del Castillo Restrepo, quien para ello envió a una subalterna suya de nombre Ximena Paternina a recogerlo en instalaciones de aquel medio periodístico.

Paralelamente, se dice que hubo una alianza entre funcionarios del DAS, de la Presidencia de la República, paramilitares y sus abogados, para armar un complot en contra de varios miembros de la comisión investigativa de la parapolítica de la Corte, como lo fue el magistrado auxiliar de la época, Iván Velásquez, a quienes se les acusaba falsa y públicamente de ofrecer beneficios a desmovilizados para que rindieran declaraciones en contra del primer mandatario, Alvaro Uribe Vélez, eventos que se conocerían como los casos Job, Tasmania y Guzmán.

La excongresista Yidis Medina Padilla, se convirtió en un blanco político de esta empresa criminal, cuando se publicó en abril de 2008, una entrevista rendida por ella misma el 8 de agosto de 2004, en la cual aseguraba que se le habían hecho ofrecimientos ilegales a cambio de apoyar el acto legislativo que permitió la reelección presidencial.

Después de esto, se activó el ciclo de inteligencia del DAS, con un motivo ilegítimo, a saber: “perjudicar con lo que más se pudiera a Yidis Medina y beneficiar a Teodolindo Avendaño”.

Con este objetivo, se realizaron diferentes misiones de trabajo, en aras de obtener información en contra de la antigua representante a la Cámara, que, cuando se consiguió, se condensó en un dossier que luego fue remitido a Cesar Mauricio Velásquez Ossa, mediante un sistema de envío conocido como “la valija”.

Entretanto, Edmundo del Castillo Restrepo recibió en su oficina a una de las fuentes humanas que declararía en contra de Yidis Medina Padilla y quien había estado inmersa en un proceso previo de aleccionamiento, a saber: Julio César Almanza Gómez.

Después del encuentro, el secretario jurídico acompañó a la fuente hasta al búnker de la fiscalía, lugar en el que le tomaron la declaración, que luego se expuso públicamente a través del programa “La Noche” de RCN. Con base en estos hechos, se dice que funcionarios del DAS junto a César Mauricio Velásquez Ossa y Edmundo del Castillo Restrepo de la Presidencia de la República, hicieron parte de una empresa criminal encargada de desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y a la excongresista Yidis Medina Padilla, a través de la recopilación u exposición mediática de información.