–Un ‘Cartel de Tierras’, conformado por paramilitares, narcotráficantes y clanes políticos se ha apoderado de más de 100 mil hectáreas del Fondo de Reparación de Víctimas a lo largo y ancho del país, denunció la Agencia Nacional de Tierras.

«Desde ya, estamos identificando y recuperando estos bienes para la reparación del campesinado víctima de la violencia», precisó, en rueda de prensa, el director de la entidad, Felipe Harman Ortiz, quien añadió que en el momento se ha establecido la existencia de ocupaciones indebidas de al menos 67 predios que está adquiriendo al Fondo de Reparación de Víctimas, en departamentos como Córdoba, Cesar, Bolívar y Antioquia.

La Agencia Nacional de Tierras evidenció la existencia de empresarios, políticos y narcotraficantes que estarían ocupando indebidamente al menos 16 mil hectáreas que debieran destinarse a la reparación de víctimas, precisó.

Según el funcionario, el entramado que utilizan para dichos fines se vale, presuntamente, de la presión ejercida por algunas autoridades locales para dilatar la entrega de tierras, pero que a través de actores violentos terminaron en poder de clanes familiares cuyos sucesores procuran mantenerlas bajo su control, a pesar de haber sido entregadas al Fondo de Reparación de Víctimas —FRV— como resultado de procesos judiciales.

¿Quiénes son los ocupantes irregulares?

Harman Ortiz señaló que entre los nombres más representativos del ‘Cartel de la tierra’ se encuentra la estructura de Félix Gutiérrez, alcalde en varias ocasiones del municipio de Buenavista (Córdoba) y pareja de la Representante a la Cámara del Partido de La U Ana Paola García.

También Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como ‘Comandante Barbie’, cercano a la estructura del Bloque Norte de las AUC, quien pretende mantener el control sobre la finca La América, en Chimichagua (Cesar). Este predio había pertenecido además al Ñeñe Hernández.

Igualmente, Jorge Márquez, concejal en Buenavista, Córdoba, respectivamente.

Destacó que Salvatore Mancuso señaló a Gutiérrez como responsable de la masacre de La Mejor Esquina, en 1988. Ellos ocupaban predios entregados por Macaco, Cuco Vanoy y Nico.

Hugues Manuel Fuentes Rodríguez en Chimichagua, Cesar, conocido como «comandante Barbie», tuvo en su poder el predio La América y, tras la compra y recuperación material del mismo por parte de la ANT, apareció una medida policiva de protección a favor de Augusto José Fuentes Romero, quien no reside en Chimichagua y, según informaciones, es primo de Hughes Manuel. ‘Comandante Barbie’ tiene además dos predios de origen baldío en Valledupar que suman 83 hectáreas, en poder de Inversiones Rodríguez Fuentes.

Familia Méndez en el municipio de Córdoba, Bolívar. Fueron conocidos como grupo paramilitar en los Montes de María, previamente a las AUC. El predio Los Pájaros, de 112 hectáreas, perteneció a José Manuel Méndez Romero, antes de ser de Diego Vecino y pasar al inventario de bienes para la reparación en el proceso de Justicia y Paz. En el acta de entrega a la Fiscalía de julio de 2019, se indica que herederos de los Méndez sirvieron de guía para la diligencia, y que los predios les serían entregados en comodato “mientras se surten los trámites para la formalización de un contrato de arrendamiento”. Según algunas fuentes, los predios siguen bajo control de los Méndez.

Charif El Hadaui Hernández en Caucasia, Antioquia. Este ciudadano venezolano es señalado por el homicidio del narcotraficante Wilber Alirio Varela, alias Jabón. En 2008, el Juez 5° de Control de Mérida emitió una orden de captura en su contra. En 2013, fue detenido en Panamá y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Figuraba como arrendatario de cuatro predios con 283 hectáreas en extensión total. Se puso fin al contrato con la compra por parte de la Agencia.
K-Supply Group SAS en Tarazá y Cáceres, Antioquia.

Esta comercializadora de carne fue distinguida por el Financial Times entre las 500 empresas con mayor crecimiento en América en el 2020. Sin embargo, por apenas $7 millones de arriendo, le entregaron en 2021 seis predios por un total de 1.841 hectáreas. Su representante legal es Juan Andrés Escudero. Según denunciaron medios de comunicación en 2022, no se verificó la idoneidad del arrendatario ni la capacidad para contratar. Los predios no han podido entregarse por la situación de orden público en la zona.

Ganadería Brisas de Agualinda SCA en Puerto López, Meta. Su representante legal es Kimberlly Annette Carranza, hija de Víctor Carranza Niño. Los predios La Chorrera y Siberia son parte de la Hacienda La Reforma, y estuvieron en proceso de recuperación de baldíos contra Víctor Carranza desde 2014. Mediante resoluciones de mayo y noviembre de 2024 se confirmó la condición de baldíos y están listos para su recuperación material y adjudicación a familias campesinas. Se encontró allí ganadería y cultivos de arroz, soya y maíz.

De otro lado, Harman anunció la recuperación de dos predios con origen baldío, ocupados indebidamente por familiares de Víctor Carranza. Los predios se ubican en Puerto López, Meta, y tienen una extensión de 954 hectáreas.

Harman Ortiz dijo que la Agencia viene adquiriendo al FRV tierras que habían sido entregadas por los antiguos jefes paramilitares hace cerca de 20 años, sin que hasta ahora hayan representado una verdadera reparación a las víctimas. Como resultado de la adquisición de estas tierras, se han encontrado ocupaciones indebidas y contratos de arrendamiento con personas cuestionadas, los cuales se han venido finalizando para entregar las tierras a familias campesinas.

Destacó que la Agencia y la Unidad de Víctimas han suscrito dos convenios por valor de $700 mil millones, logrando avance en cuatro promesas de compraventa sobre 53 mil hectáreas.

De otra parte, señaló que mediante trabajo articulado con exjefes paramilitares, nombrados recientemente como Gestores de Paz, se podrían identificar y recuperar alrededor de 100 mil hectáreas para que las tierras lleguen finalmente a manos de campesinos y víctimas.

Finalmente anunció que se sostendrá una Mesa de Trabajo con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación de predios entregados y en eventuales investigaciones penales sobre el manejo de los bienes.