–La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó profunda preocupación por las graves situaciones de violencia por causa de las agrupaciones armadas ilegales que continúan afectando a las comunidades Putumayo, Caquetá, Cesar y Guaviare, y otras regiones del país.

En las veredas Laureles y Puerto Mina, del municipio putumayense de Puerto Guzmán, hubo enfrentamientos entre las disidencias al mando de alias Calarcá y el grupo Comandos de Frontera, con un saldo preliminar de 11 personas fallecidas, presuntamente integrantes de esas estructuras armadas.

En los municipios de Cartagena del Chairá y El Paujil, en Caquetá, se presentaron dos graves privaciones de la libertad de mujeres entre octubre y noviembre del año en curso. Una de ellas se encuentra en estado de embarazo.

En Cesar, en la Serranía del Perijá, el pasado 24 de octubre el ELN privó de la libertad a siete miembros del disidente Frente 19 del Estado Mayor de los Bloques, incluido un menor de edad; luego de desarmarlos, se los llevó con rumbo desconocido, hoy no se tiene conocimiento de su situación actual. En ese departamento, en el municipio de La Paz, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron privados de la libertad por el Frente 19 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc, acusados de robo a ganaderos y campesinos.

Y en Guaviare, el 2 de diciembre, tuvo lugar una masacre de cuatro personas en la vereda Puerto Cumare, donde además una mujer resultó herida. Una de las victimas sería un psicólogo que prestaba servicios a un operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Ante estos hechos, ocurridos en tan poco tiempo, la Defensora del Pueblo exigió a los grupos armados ilegales respetar el derecho internacional humanitario (DIH), en particular los principios de precaución, proporcionalidad y distinción respecto de los civiles y de las personas que han dejado de participar directamente en las hostilidades. “Aun en aquellos casos en los que ha habido confrontacio?n entre miembros de los grupos ilegales, el DIH recuerda también el deber de manejo y disposición digna de los cuerpos de las personas fallecidas en conexión con el conflicto armado, a fin de prevenir posibles actos de desaparición forzada”, señaló la Defensora Iris Marín Ortiz.

Igualmente, reitero? el llamado a las autoridades a investigar de manera eficaz estos hechos y mantener activas sus rutas de respuesta para proteger a mujeres, niñas y niños, liderazgos y demás personas que requieran asistencia humanitaria.

Por último, en el desarrollo de los diálogos con los grupos armados organizados, la Defensora del Pueblo hizo tres solicitudes puntuales: “Priorizar acciones concretas que garanticen el respeto por los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, que el Gobierno gestione la reactivación de la Mesa de Diálogo con el Eln, de la mano con el cumplimiento de las normas del DIH, y que el ELN y las disidencias bajo el mando de Calarcá, particularmente de Andrey, mantengan acuerdos de carácter humanitario que minimicen las hostilidades entre ellos y los consiguientes riesgos para la población civil”.

La Defensora del Pueblo reiteró que la entidad seguirá trabajando para proteger los derechos humanos de quienes más lo necesitan, promoviendo espacios humanitarios y exigiendo respeto por la vida y la dignidad de las personas afectadas por el conflicto armado interno.