–La Fiscalía radicó este martes el escrito de acusación en contra de Olmedo López, Sneyder Pinilla Álvarez, Luis Eduardo López Rosero Gantiva, Luis Carlos Barreto y Pedro Andrés Rodríguez Melo por el sonado escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y anunció para el próximo 14 de enero la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía se propone enjuiciar a los procesados por los siguientes delitos:

-CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO.
-INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS.
-PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO.
-FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO.
-FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO AGRAVADO POR EL USO.

Según el preacuerdo, que será sometido a consideración del juez del caso el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien está recluido actualmente en el Cantón Militar Calda, sería condenado a 7 años, 1 mes y 12 días de prisión, y reintegrar 724 millones de pesos.

El exsubdirector del Manejo del Riesgo de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, privado de la libertad en el Batallón de Artillería Fernando Landazábal, recibirá una pena de 6 años, 6 meses y 9 días de prisión; y tendrá que reintegrar 618 millones de pesos.

El contratista Luis Eduardo López Rosero, recluido en la Estación de Policía de Carabineros, deberá cumplir una pena de 6 años, 8 meses y 12 días de prisión y reintegrar 7.722 millones de pesos.

El exasesor de la UNGRD, Pedro Andrés Rodríguez Melo, quien está en La Picota, cumplirá una pena de 4 años, 10 meses y 19 días; y reintegrará 1.000 millones de pesos.

El exdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, también en La Picota, tendrá una pena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión y devolverá 150 millones de pesos.

Hay otro procesado, el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, quien no figura en el escrito de acusación y con el cual se firmó un preacuerdo, con una pena de 5 años y 3 meses de prisión.

El escrito de acusación, que consta de 184 folios, se precisa que los procesados direccionaron contratos “a cambio del pago de coimas para sí o para terceros, e incurrieron en diversas falsedades a fin de viabilizar el pago de la contratación».

Agrega que «la organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta”.

Según los elementos materiales de prueba recopilados por el equipo de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre abril de 2023 y febrero 2024, se presentó un acuerdo de voluntades en el que directivos de la UNGRD gestionaron diferentes maniobras para orientar la contratación de obras de mitigación o adquisición de bienes y servicios para la atención de emergencias en La Guajira.

En un primer evento acreditado se estableció que habría sido favorecido el contratista Luis Eduardo López Rosero con una orden de proveeduría suscrita el 12 de octubre de 2023, para el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades indígenas vulnerables de la alta Guajira. Aquí se detectó un detrimento patrimonial de 14.163 millones de pesos, dinero distribuido entre los entonces directivos de la entidad y el contratista beneficiado.

Otro de los hechos ilícitos que recoge el acuerdo está relacionado con el direccionamiento de la contratación celebrada entre el 5 y 23 de febrero de 2024, para el alquiler de maquinaria y carrotanques.

El tercer evento delictivo investigado corresponde a las gestiones y trámites que permitieron la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres celebró con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta acción tendría como propósito la desviación de los recursos para orientar la contratación con empresas y oferentes específicos. Aquí, el exdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto Gantiva, recibió una coima de 150 millones de pesos.

Los procesados restituirán lo que cada uno se apropió en los sucesos delictivos en los que participó, aceptarán su responsabilidad y se comprometerán a colaborar en otras líneas investigativas que permitan judicializar a altos funcionarios y particulares involucrados en el entramado de corrupción que se tomó a la UNGRD.