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Minhacienda confirma allanamiento a sus oficinas dentro del proceso por el sonado escándalo de corrupción de la UNGRD

–Un equipo de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia realizó la víspera una inspección al Ministerio de Hacienda, en desarrollo de la investigación que adelanta la alta corporación contra varios congresistas por el sonado escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

La cartera de las finanzas nacionales confirmó la diligencia en un comunicado, en el cual señala que recibió «una inspección solicitada por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia».

«La visita fue atendida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de sus diferentes equipos de trabajo», precisó.

Añadió que «tras la inspección, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entregó a los delegados los elementos que fueron solicitados por ellos».

El comunicado concluye: «EI Ministerio de Hacienda y Crédito Público reitera la disponibilidad de atender a todos los entes de control y los requerimientos hechos por parte de sus funcionarios».

La diligencia de la Corte Suprema está relacionada con la investigación que el pasado 12 de noviembre de 2024 abrió la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra cinco congresistas y un excongresista, por presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos y eventuales contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

En estos hechos fue implicado Ricardo Bonilla, quien renunció al Ministerio de Hacienda, el pasado 4 de noviembre por solicitud del presidente Gustavo Petro.

Los congresistas, que fueron citados a indagatoria por el presunto delito de cohecho impropio, son Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

En su momento, la Corte Suprema estableció que para esta decisión, se tuvieron en consideración más de cincuenta pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez pruebas testimoniales, que permitieron construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD.

En concreto, a cambio de conceptuar operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar).

La actividad investigativa preliminar permitió evidenciar que, en los últimos dieciocho días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron trece de los dieciocho conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023.

En la investigación preliminar abierta por el magistrado instructor también se encuentra el senador Julio Elías Chagüi Flórez. En su caso, la Sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se lo señala corresponden a situaciones distintas a las que se investigan en este momento.