Nacional

Proteger la identidad de víctimas de violencia sexual y de género en macrocaso 11 pide Procuraduría a la JEP

–Adoptar las medidas de reserva necesarias para brindar protección efectiva de los datos de las víctimas de violencia sexual, evitando suministrar su identidad de manera directa o indirecta a quienes participan en el proceso, pidió la Procuraduría General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Estos procesos corresponden al macrocaso 11 que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y otros crímenes motivados por el sexo, contra niñas, adolescentes y mujeres adultas de la población civil, que los cabecillas y mandos medios de las extintas Farc perpetraron bajo el dominio de las armas y del ejercicio del poder armado.

Durante la rendición de cuentas de su administración, la Procuradora Margarita Cabello Blanco, explicó que el requerimiento se hizo tras evidenciar que esa magistratura había definido en autos de participación, que la identidad de las víctimas debía ser compartida con los comparecientes específicos llamados ante la Jurisdicción para dar cuenta del hecho victimizante contra las personas que los señalaron como responsables, directos o por mando, y con sus abogados.

De otra parte, frente a la decisión de la magistratura de ordenar que la participación de las víctimas en las versiones voluntarias se realice mediante apoderados y a través de solicitud escrita en la cual manifiesten su intención de ser observadoras o intervinientes, la Procuraduría consideró que dichas pautas restringen su centralidad y derecho a la participación, por lo que solicitó que no fueran limitados sus derechos.

El Ministerio Público también instó a que se garantice el cumplimiento de la estrategia de acreditación, divulgación y pedagogía en todo el territorio nacional más allá del 31 de diciembre de 2024, fecha que había puesto como límite la JEP. Lo anterior debido a que este periodo no resultara suficiente para garantizar que la JEP y los demás entes del Estado lleguen a cada una de las víctimas, impidiendo la materialización de su derecho a la participación en una conducta que históricamente ha sido invisibilizada.