–La Fiscalía General de la Nación identificó a una red delictiva señalada de sacrificar reses, caballos y asnos, la mayoría enfermos o en malas condiciones, para vender la carne a proveedores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, y en expendios públicos de municipios de Boyacá y Cundinamarca

La banda criminal fue puesta en evidencia en desarrollo de una investigación por la contaminación ambiental y el daño a los recursos naturales por el funcionamiento de una matadero clandestino en la vereda Sasa, del municipio de Chiquinquirá, en territorio boyacense.

En diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de esta red, que fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

En las verificaciones se constató que los animales llegaban enfermos, muertos o en mal estado a los sitios de sacrificio y que la carne no era apta para el consumo. A esto se suma que el vertimiento de líquidos y el abandono de residuos solidos generaron graves afectaciones a los recursos naturales.

En ese sentido, la Fiscalía imputó a los detenidos los delitos concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

La estructura delincuencial, al parecer, disponía de animales enfermos y en malas condiciones, sin contar con los permisos de ley y en medio de condiciones precarias de salubridad. Esto generaba afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas por el vertimiento de residuos de esta actividad.

Los elementos materiales probatorios indican que la carne obtenida sería embalada y trasladada sin mantener la cadena de frío y de conservación a bodegas de Cota, Cundinamarca, y la capital de la República, para luego, a través de un intermediario, presuntamente venderla y distribuirla a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios, plazas de mercado y establecimientos de comercio.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) participó en las diligencias realizadas y constató que el producto ofrecido por esta estructura no era apto para el consumo humano.

Tres de los Los procesados fueron identificados como Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes figuran como administradores de cuatro bodegas de beneficio animal clandestinas. A estos sujetos el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Los otros cinco capturados son John Anderson Pineda Ortegón, sería trabajador de una de las bodegas; Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario; Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores, todos los cuales recibieron medida privativa de la libertad domiciliaria.