–Al comenzar este martes las sesiones extraordinarias en la Cámara de Representantes y el debate al proyecto de Reforma a la Salud, el Grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de salud y protección social, alertó en extenso comunicado que el sistema finaliza el 2024 «muy mal» y que el próximo año la situación empeorará.

El escrito, titulado «EI colapso de la salud: entre la amenaza, la negación y la evasión», es el siguiente:

Para el sistema de salud el 2024 finaliza muy mal. Miles de pacientes han perdido sus tratamientos que venían recibiendo de forma periódica y oportuna; la mayoría con enfermedades crónicas o huérfanas. Las PQRS y las tutelas, crecen en cifras superiores al 30% y el 40% al compararlas con el 2023. La oportunidad en el acceso a los servicios de salud se retrasa día a día para usuarios y pacientes.

Más de 1200 IPS cerradas en 2024 por cuenta de esa insuficiencia de recursos financieros.

Más de 3000 servicios médicos clausurados de manera definitiva y más de 8000 de forma temporal, por la misma razón.

Ocho EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud y una más en vigilancia especial, que demuestran un problema financiero sistémico y no un simple reto administrativo. Sus pérdidas patrimoniales suman más de -7,5 billones de pesos sin contar los balances de la Nueva EPS.

La desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y del presupuesto máximo conducen a un déficit para final de año, superior a los 5,5 billones de pesos.

Mientras esto ocurre, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Salud (quien parece en tránsito a la política electoral) usa la amenaza; niega y tergiversa la realidad; y evade la responsabilidad que tiene ante esta crisis que avizora el colapso del sector salud. Igual comportamiento tiene con la historia de los últimos 30 años del sistema que simplemente «no le gusta» y por eso quiere cambiar, a pesar de que la última encuesta del propio Ministerio de Salud mostró en 2022 que tan solo el 8 por ciento de la población lo consideraba malo o muy malo.

Desconoce los logros que el sector salud ha tenido. No acepta que la cobertura del seguro constitucionalmente irrenunciable a la salud creció en 30 años -desde 1992- del 23 a prácticamente el 100 por ciento de la población; al tiempo que se incrementó la financiación pública desde el 2.6 al 5.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Con ello se creó un fondo común sustentado en la solidaridad y la eficiencia, materializadas a través de la UPC, lo que ha permitido la mencionada ampliación de la cobertura.

Tampoco acepta el incremento sustancial en el acceso a los servicios de salud de tal manera que ha crecido desde una consulta por ciudadano al año -que realizaba todo el sistema de salud en 1992- a más de 4.5 consultas por ciudadano al año que se realizaban en el 2022, de las que se desprenden millones de procedimientos, intervenciones y tratamientos. Esto en el marco de un aumento del 56 por ciento de la población que habitaba Colombia en 1992.

Además, se igualaron los planes de beneficios en salud para las personas afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado, 10 que trajo mayor igualdad y equidad en el país. Los más beneficiados sin duda con todos estos avances del sistema han sido las personas más pobres.

Esos logros se hallan en peligro por las decisiones que ha tomado este Gobierno desde el Ministerio de Salud. Los avances en el goce efectivo del derecho a la salud se encuentran en verdadero riesgo.

Nada de lo alcanzado en estos 30 años se obtuvo con la retórica de los discursos ideologizados y las declaraciones grandilocuentes. EI bienestar y la salud de la población se logran con trabajo constante y mediante la materialización de sus derechos consagrados en la Constitución, para lo cual se requiere respetar sus principios y sustentar las decisiones con la evidencia técnica, la pertinente y la ejecución efectiva. En los dos últimos años el Ministerio ha sido incapaz de actuar de esta manera.

EI incremento amplio de la demanda que se produjo en esas tres décadas condujo a dificultades en la oportunidad del acceso a los servicios de salud. Con las discusiones para solucionar este reto de la oferta nos encontró la pandemia y la postpandemia.

De manera desafortunada el Gobierno Nacional ha considerado que con la intervención y la transformación de los agentes que gestionan la demanda en salud de la población, mejoraría un reto que fundamentalmente corresponde a la oferta de servicios. Craso error que ha conducido a un empeoramiento de los indicadores de acceso a la prestación de los servicios y a la crisis que hoy padecemos los colombianos. De continuar por esta ruta el deterioro del sistema de salud se profundizará en el año 2025.

Cómo ya mencionamos en otros comunicados, el proyecto de reforma radicado en el Congreso de la República no resuelve los problemas estructurales del sistema.

Insistimos en el diálogo franco directo y basado en la evidencia como el camino en verdad democrático para establecer los cambios y los ajustes que resuelvan esos retos estructurales. Seguiremos trabajando —por encima de afiliaciones partidistas e intereses políticos—para crear esos espacios de diálogo y concertación que nos conduzcan a construir una verdadera política de Estado para la salud y el bienestar de todos los colombianos.