–«La primera acción del primer gobierno de Uribe, fue tomar a sangre y fuego la comuna XIII de la ciudad de Medellín, acción que expulsó milicias de grupos guerrilleros para pasar al control de Don Berna y los grupos paramilitares», comenzó señalando en su cuenta en X el presidente Gustavo Petro, tras la localización de los primeros cuerpos de las víctimas de la «Operación Orión» en La Escombrera de Medellín.

«El ejército y la policía solo transfirieron el mando de la zona de unos grupos ilegales, que la élite del Poblado consideraba enemigos, a otros grupos ilegales que esa misma élite consideraba amigos, e incluso, dirigía», añadió Petro y puntualizó:

«Bajo el control paramilitar desaparecieron más de 500 jóvenes y líderes sociales».

Enseguida el jefe del Estado hizo las siguientes precisiones:

-Cuando ocurrió la operación, contrario a lo que yo esperaba, el resto de la ciudad, no reaccionó, sino que vio la acción, llamada ‘Operación Orión, como una acción liberadora y plausible.

Mientras se aplaudía a Uribe, los paramilitares sacaban todas las familias que consideraban enemigas de los barrios de la comuna. Creció el desplazamiento interno de Medellín en decenas de miles de personas. Se «blanqueo» la comuna.

En medio de la operación militar de toma de la comuna XIII, varios jóvenes, entre ellos un taxista, Juan Carlo Tanus, fueron. llevados a la escombrera, en la parte más alta de la comuna en zona rural, el taxista recibió un disparo pero pudo ver cómo, después de pasar un retén militar, hombres con brazaletes del CTI ejecutaban jóvenes y los arrojaban a las fosas donde depositaban escombros, el CTI lo dirigía la fiscalía de Luis Camilo Osorio, que según confesiones posteriores de los mismos paramilitares, colaboraba con la cúpula y usaba la información de la fiscalía para que los paramilitares asesinaran sospechosos en listas que le pasaba a Jorge Noguera, director del DAS por decisión de Uribe.

El taxista herido logró escapar a la muerte y sin que se dieran cuenta los del CTI y los paramilitares, arrastrándose, logró escapar del lugar, herido llegó a Bogotá y se entrevistó conmigo que era parlamentario. Lo cuidamos y cité el debate sobre la operación Orión donde me gané el odio de muchos habitantes de Medellín. Pensé que Juan Carlos me dejaría plantado el día del debate y que preferiría no ir y no hablar en público con una información tan peligrosa. Le prometí sacarlo del país si lo hacía. Juan Carlos cumplió con su palabra y con su pueblo, habló ante la Cámara de Representantes, sin saber yo mismo que muchos de sus oyentes en ese recinto, eran colaboradores del narcoparamilitarismo, pero pudimos anunciarle a Colombia que en la escombrera de la comuna XIII, se ejecutaban jóvenes por parte de funcionarios del estado y pude salvar al taxista, Juan Carlos quien hoy vive en el exilio. El voto popular de Medellín nunca fue para mí.

Años después, en otro debate, descubrí cómo los mal llamado «falsos positivos»: ejecuciones sistemáticas de jóvenes por oficiales del ejército, habían surgido de las enseñanzas que el entonces presidente de Colombia le dió a sus fuerzas militares: que lo importante eran las bajas, que no importaba cómo, ni quien su aliado para conseguirlo y que de eso dependía su carrera militar.

Creí en ese otro debate que eran 180 ejecuciones de supuestos guerrilleros que eran en realidad campesinos, pero me equivoqué, la mayoría no eran campesinos, leí sus nombres propios uno por uno delante del ministro de defensa Juan Manuel Santos. Leí la resolución 039 que premiaba con medallas y ascensos por el número de bajas, sabía que la había firmado Camilo Ospina que nunca fue enjuiciado. Me dí cuenta que los uniformados iban a la cárcel, pero los hijos de la oligarquía, que ordenaba la atrocidad, no. Los fusilados, como Aureliano Buendía, en su mayoría no eran campesinos sino jovenes de los barrios de las grandes ciudades que, engañados y en un número de 6.402 fueron fusilados sin contemplación para ser presentados como guerrilleros dados de baja.

De la Operación Orión, y con aplauso ciudadano y de la prensa, surgió el peor crimen contra la humanidad en la historia contemporánea de las Américas. Fin del trino de Petro.

Tras el hallazgo de las primeras estructuras óseas en La Escombrera, las voces de las madres, que llevaban más de 20 años buscando a sus seres queridos, resonaron en todo el país, demostrando que tenían razón y que no estaban locas, como en su momento había señalado el Estado y la sociedad, destacó la JEP

En un abrazo colectivo, junto a dos velones y elementos simbólicos en memoria de sus seres queridos desaparecidos, las víctimas dijeron al unísono: "¡No estamos locas!", en respuesta a los años de búsqueda en los que no fueron escuchadas.

Se presume que en La Escombrera, en la… pic.twitter.com/r9QHqhfmOa

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 20, 2024

Para ellas, la luna roja que las iluminó esa noche tan esperada es un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz y de que la justicia puede alcanzarse con perseverancia y determinación.

La JEP rinde homenaje a estas madres y familiares de las víctimas, quienes han luchado incansablemente por la verdad y la justicia. Su valentía y resiliencia son un ejemplo para una sociedad que las estigmatizó y quiso silenciarlas.

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Como si la tierra y el cielo comenzaran a hablar, una enorme luna roja se alzó sobre las montañas antioqueñas en la noche del histórico 18 de diciembre en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, simbolizando la luz de la verdad y la… pic.twitter.com/RhzWBOtssz

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 23, 2024

La #JEP se solidariza con la familia de la señora Luz Ángela Velásquez y exalta su labor en la búsqueda de su esposo, víctima de desaparición forzada en Medellín.

Luz Ángela alcanzó a conocer los hallazgos forenses en La Escombrera el pasado miércoles 18 de diciembre, un hecho… pic.twitter.com/N7tEk2HY5d

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 21, 2024

El pasado miércoles 18 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, reportó el hallazgo de los primeros cuerpos de desaparecidos en La Escombrera de la capital de Antioquia así:

En el marco de las medidas cautelares de protección de lugares de inhumación que adelanta la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, en plena coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín. El hallazgo se dio durante la intervención que se desarrolla por parte de los equipos forenses de la UBPD y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP en la zona.

Este hecho histórico es posible gracias a la acción articulada de las entidades del Sistema Integral de Paz, que dignifica la lucha de las familias buscadoras de la Comuna 13. Durante décadas, madres, padres, esposas e hijos han insistido en la necesidad de intervenir en un lugar tan complejo para la búsqueda. Hoy, sus peticiones encuentran una respuesta concreta. Se trata de un logro sin precedentes, una respuesta institucional a sus demandas y una protección tangible de los derechos de las víctimas en Colombia. La acción efectiva del Estado dignifica a las víctimas.

Los hallazgos, reportados este miércoles, ocurrieron mientras el equipo técnico removía la tierra con maquinaria para garantizar la estabilidad del terreno en el área donde se desarrolla la intervención en La Escombrera. De inmediato, las labores con maquinaria fueron suspendidas y los forenses analizaron lo encontrado. La verificación permitió constatar que se trataba de estructuras óseas humanas y prendas de vestir asociadas a la búsqueda que corresponderían al menos a dos personas. Esto ocurrió en la zona noreste del polígono, por fuera del área priorizada en la fase 5, a una distancia de 2.50 metros de esta. La prospección del lugar donde se ubicó la evidencia forense estaba contemplada para la Fase 6 de la intervención.

El descubrimiento de estructuras óseas en La Escombrera coincide con las denuncias presentadas por las organizaciones de víctimas de la Comuna 13 y de defensa de derechos humanos de Medellín, que durante dos décadas han insistido en que este lugar fue escenario de desapariciones forzadas en la década de 2000, periodo de agudización del conflicto armado en Medellín. En este punto de la ciudad hay un universo de 502 personas dadas por desaparecidas, según los registros de la Unidad de Búsqueda. En total, en la capital antioqueña la cifra asciende a 5.912 personas desaparecidas.

Las medidas cautelares que protegen La Escombrera y los derechos de las familias buscadoras de la Comuna 13 de Medellín fueron emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento en agosto de 2020. La intervención forense, por su parte, fue finalmente ordenada por la JEP en la audiencia de seguimiento desarrollada el 25 de julio de 2024.

El polígono protegido con medidas cautelares tiene un área de 6.912 metros cuadrados. Dentro de esta zona, hay un área de 2.417 metros que fue priorizada para la búsqueda de personas desaparecidas en la fase 5. Esta fase consiste en la prospección, excavación y revisión de material mediante procedimientos de tamizajes con el propósito de ubicar evidencia forense.

“Hoy quiero ser breve. Debo ser breve. No quiero llenar de palabras, de ruido el martirio solemne y el dolor de décadas, ya de décadas, que aquí se recoge. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad”, les dijo el magistrado Gustavo Salazar a las víctimas durante el inicio de la intervención forense en la zona.

Los aportes de las familias buscadoras han permitido a la Unidad de Búsqueda y a la Jurisdicción avanzar en la emisión de órdenes judiciales y el desarrollo de acciones dirigidas a la ubicación, identificación y entrega digna de las personas reportadas como desaparecidas. Desde 2019, la JEP ha abierto más de 23 medidas cautelares que han permitido proteger más de 80 cementerios y sitios de interés forense en el país, donde podrían encontrarse los cuerpos de las víctimas. Estas medidas han sido tomadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la Sección de Ausencia de Reconocimiento y la Sección de Reconocimiento de Verdad.

Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo. A cargo de este proceso hay un equipo técnico forense compuesto por una antropóloga líder, tres antropólogas profesionales, un asistente forense y un topógrafo. Además, hay otras 18 personas que trabajan en el lugar, incluyendo ingenieros, maquinistas, topógrafos, operarios, conductores y jornaleros.