–La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz; la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, y la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, presentaron este lunes desde la penitenciaría de El Buen Pastor, una serie de acciones concretas para facilitar que mujeres privadas de la libertad puedan pagar su condena con servicios comunitarios, como lo establece la Ley de Utilidad Pública, sin tener que cumplir su pena en prisión.

En aras de concretar esta alianza, la Fiscalía emitió la directiva 002 que exhorta a fiscales a realizar actos de indagación e investigación, tendientes a demostrar la calidad de persona cabeza de familia y afectación a la manutención del hogar para poder aplicar la norma de oficio.

La directiva firmada por la jefe del ente investigador, Luz Adriana Camargo, reza en uno de sus apartes: “Fiscales valorarán en cada caso la calidad de persona cabeza de familia» y la «afectación a la manutención del hogar».

En el mismo sentido, la defensora expidió la resolución 003 de 2024 que solicita a los defensores potencializar el uso de la pena sustitutiva a favor de mujeres cabeza de hogar que han delinquido en condiciones de marginalidad.

A la fecha, 105 mujeres han salido en libertad por beneficio de la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023) y se tienen habilitados 2.549 cupos en todo el país para que muchas más de ellas puedan cumplir su condena con servicios comunitarios con alguno de los 27 aliados que tiene el Ministerio de Justicia y del Derecho, entre organizaciones sin ánimo de lucro, ONG y entidades públicas.

Según las cifras suministradas por las funcionarias, en Colombia hay 5.942 mujeres que podrían beneficiarse con esta medida, de las cuales solo en el Buen Pastor de Bogotá hay unas 1.423 mujeres que serían potencialmente beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública.

Durante el evento en el Buen Pastor, la ministra Ángela María Buitrago destacó la unión y la articulación de la institucionalidad, cada una con su autonomía e independencia, para el fortalecimiento de la aplicación de esta pena sustititiva. También recordó que el Ministerio de justicia ha acompañado a las mujeres en los centros carcelarios para establecer si algunas de ellas cumplen los requisitos, y que se seguirán intensificando las brigadas con un kit jurídico en aras de ampliar la cobertura y conocer la expectativa de más de 5 mil mujeres privadas de la libertad que podrían beneficiarse.

“El Ministerio de Justicia y del Derecho no va a cesar en el intento de buscar que todas y cada una de ustedes tengan sus derechos cumplidos. Por esa razón seguimos bajo una ética frontal: aquí entra la persona, el ser humano, no entra el delito. Y por eso insistimos una y mil veces: sigan adelante, no cesen en ese intento”, puntualizó la funcionaria del Gobierno del cambio.

Durante el evento en la cárcel El Buen Pastor, la ministra Ángela María Buitrago destacó la importancia de la colaboración entre instituciones, respetando su autonomía, para fortalecer la implementación de la #LeyDeUtilidadPública. Además, reafirmó el compromiso del Ministerio de… pic.twitter.com/gSERN5pjKN

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) December 23, 2024

Por otro lado, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló: “Explicamos así en la directiva a nuestros fiscales cuál es la correcta interpretación de esa ley, y la que deben aplicar, pero además les pedimos que hagan unas cosas muy concretas. La primera, que incluyan estos temas en su programa metodológico para verificar si estamos frente a una madre cabeza de familia, en condiciones de marginalidad y que lo haga oficiosamente”.

En articulación de trabajo con @MinjusticiaCo y la @DefensoriaCol, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, anunció desde la penitenciaría El Buen Pastor medidas para implementar de manera efectiva la Ley de Utilidad Pública, que permite a mujeres privadas de… pic.twitter.com/QRJOijjqtx

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 23, 2024

Entre tanto, la defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz señaló: ”Emitimos la Resolución Defensorial 003 de 2024, a fin de que sea implementada la Ley 2292 de 2023, la cual prevé la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública. El documento ordena a las dependencias de la entidad adelantar un plan en el marco de 30 días, cuyo objetivo es ampliar el uso de esta alternativa y avanzar en la protección de los derechos de las mujeres en reclusión”.

“De acuerdo con lo evidenciado en las visitas a centros carcelarios que ha liderado la entidad garante de los derechos humanos, el número de penas concedidas hasta ahora es muy bajo debido al desconocimiento de esta ley y a la interpretación restrictiva por parte de algunos operadores judiciales, que se han negado a implementar un enfoque diferencial y de género, por lo que surge la necesidad de que sea adoptada la Resolución Defensorial”, agregó.

La Resolución Defensorial emitida busca implementar la Ley con potencial para beneficiar a más de 5.000 mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar. Si ellas cumplen con los requisitos de la Ley, como haber cometido delitos contra el patrimonio económico, porte y tráfico de estupefacientes y que la condena sea menor a ocho años, podrían favorecerse de la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública.

«Esta norma es la primera en el país que, con enfoque de género, contempla la posibilidad de ejecutar una sanción penal de manera restaurativa, permitiendo cumplir la pena de forma extramural en actividades de impacto social en el ámbito comunitario y, a su vez, que la mujer pueda proveer y acompañar a sus hijos”, remarcó la Defensora Iris Marín Ortiz.

De acuerdo con lo evidenciado en las visitas a centros carcelarios que ha liderado la entidad garante de los derechos humanos, agregó la Defensora del Pueblo, «el número de penas concedidas hasta ahora es muy bajo debido al desconocimiento de esta ley y a la interpretación restrictiva por parte de algunos operadores judiciales, que se han negado a implementar un enfoque diferencial y de género, por lo que surge la necesidad de que sea adoptada la Resolución Defensorial”.

Finalmente, la @DefensoriaCol, @MarnIris, aseguró que realizará un seguimiento riguroso al cumplimiento de la resolución y utilizará todos los mecanismos disponibles para visibilizar la difícil situación de las mujeres privadas de la libertad, promoviendo la solidaridad social.… pic.twitter.com/lB8VuXalF4

— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) December 23, 2024

Contenido de la Resolución

1. Ordena a las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo elaborar un plan conjunto en los próximos 30 días, cuyo objetivo es ampliar el uso de esta alternativa y avanzar en la protección de los derechos de las mujeres en reclusión.

2. Exhorta al Ministerio de Justicia a continuar con el monitoreo de la implementación de la Ley en mención y promover la consecución de un mayor número de plazas de servicios de utilidad pública, especialmente en municipios apartados del país.

3. Invita al Consejo Superior de la Judicatura a promover, a través de una estrategia de capacitación efectiva, la adopción del enfoque diferencial y de género por parte de los operadores judiciales, de modo que la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública no sea negada a partir de interpretaciones restrictivas.

4. Insta a la Procuraduría General de la Nación a adoptar acciones similares a la Resolución Defensorial, con el propósito de incentivar la intervención oportuna de los procuradores delegados ante los jueces penales, de todos los niveles, para propiciar la concesión de la pena sustitutiva de servicios de utilidad pública y erradicar el uso de interpretaciones carentes de enfoque de género.

5. Exhorta a todas las alcaldías y gobernaciones del país a implementar programas restaurativos que incluyan a las mujeres potenciales beneficiarias de la pena de servicios de utilidad pública, a quienes, además, les deben brindar oportunidades laborales paralelas a los servicios gratuitos que deben prestar como parte de la ejecución de sus penas.