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Judicial Nacional

Medicina Legal identificó dos víctimas de desaparición forzada halladas en La Escombrera de Medellín

–(Foto JEP). UIEl Instituto Nacional de Medicina Legal logró, de manera expedita, la identificación de dos personas cuyos cuerpos fueron recuperados por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en La Escombrera, de la ciudad de Medellín, en el marco de las medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. Tras cumplir con todos los protocolos técnicos y científicos exigidos, se confirmó que los hallazgos corresponden a dos jóvenes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal, víctimas de desaparición forzada en 2002.

Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 28, ambos provenientes de sectores populares de la ciudad, pertenecientes a una población vulnerable y con proyectos de vida. Ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia. La verdad judicial, construida a partir de evidencia, testimonios y análisis forenses, confirma que La Escombrera fue un sitio destinado a la desaparición forzada en Colombia.

De la joven se sabe, según las denuncias de su familia, que salió de su casa a las 7:00 p.m. del 30 de julio de 2002 para asistir a una reunión. Estaba organizando actividades competitivas como coordinadora de un grupo juvenil deportivo. Esa noche, al parecer, miembros armados del Bloque Cacique Nutibara, que meses antes se habían instalado en San Cristóbal, irrumpieron en la reunión y se la llevaron.

El 31 de julio, aún en poder de sus captores y con la esperanza de ser liberada, le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse. Esa fue la última vez que se tuvo noticias suyas. Desde entonces, según la información consignada en los expedientes judiciales, la Fiscalía General de la Nación ha investigado el caso como una desaparición forzada atribuida a la estructura paramilitar liderada por Diego Fernando Murillo, conocido como ‘Don Berna’.

La evidencia recabada por la JEP, en el marco del trámite judicial, indica que el crimen ocurrió ocho días después de la desaparición de un reconocido líder comunal del sector. Al parecer la joven habría sido trasladada viva desde el corregimiento de San Cristóbal, donde operaba abiertamente una base paramilitar, hasta La Escombrera, donde funcionaba otra. Allí fue asesinada y enterrada. La JEP continuará trabajando en el esclarecimiento de este crimen como parte de un fenómeno generalizado de violencia en el centro occidente de Medellín.

En el caso del joven de 28 años, la Fiscalía General de la Nación también asocia su crimen al Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidad de Colombia (AUC), en posible colaboración con la estructura conocida como Frente José Luis Zuluaga, entonces liderada por Luis Eduardo Zuluaga, conocido como ‘Mc Giver’. Este grupo tuvo una notoria presencia en la Comuna 13, especialmente, durante los años 2001 y 2002.

De este segundo caso se sabe que la víctima estaba en condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable. Vivía en casa de sus padres y generaba algunos ingresos como vendedor ambulante. El 13 de octubre de 2002 a las 7:30 de la mañana salió de su hogar, ubicado en el barrio Belencito, y desde ese día su familia no volvió a tener noticias sobre su paradero. En el marco del Caso 08, la JEP continuará trabajando por el esclarecimiento de este crimen.

En versión de Justicia y Paz del 19 de abril de 2013, cuando le preguntaron a ‘Don Berna’ por La Escombrera, como lugar de inhumación de cuerpos por parte de los grupos armados, respondió: “Bueno, doctor, de acuerdo a la versión que me entregaron varios de los postulados y especialmente pues las veces que hable con el comandante ELKIN quien es el que manejaba esa zona él me dice que esa Escombrera me dijo podía haber MÁS DE QUINIENTOS MUERTOS».

En La Escombrera, donde fueron encontradas estas dos víctimas, los equipos forenses de la JEP y la UBPD continúan con las labores de prospección entre una montaña de escombros acumulados durante más de 20 años. Se han sumergido a una profundidad de 15 metros hasta llegar al área de interés forense. Este punto corresponde al periodo 2002-2004, años en los que se registró el mayor número de desapariciones forzadas en este sector del occidente de Medellín.

La desaparición forzada no solo vulnera los derechos fundamentales a la libertad, la integridad personal y la vida, sino que atenta contra la dignidad más profunda de una Nación. El asesinato de quienes fueron privados de su libertad y reducidos a un estado absoluto de indefensión estuvo precedido por horas de agonía, humillación, maltrato y sufrimiento extremo.

La JEP, por respeto a la solicitud expresa de las familias, con el objetivo de acompañarlas en su doloroso proceso de duelo, por motivos de seguridad de los afectados y reserva sumarial de la investigación criminal, no divulgará los nombres de las víctimas identificadas. Con todo, y por razones de transparencia, la JEP le asegura a la ciudadanía colombiana y a la comunidad internacional, que todas sus afirmaciones se sustentan en fuentes y documentos oficiales.


Estos crímenes hacen parte del universo provisional de conductas investigadas en el Subcaso Antioquia del Caso 08, que aborda los delitos cometidos por la fuerza pública en colaboración con paramilitares durante el conflicto armado. Esto, debido a que ambos crímenes se inscriben en la temporalidad y territorialidad establecidas, en el marco de 34 operaciones desarrolladas por la fuerza pública en la Comuna 13 entre 2001 y 2004.

En este sentido, la evidencia respalda la hipótesis que guía la investigación, la cual se sustenta en la sentencia del 24 de septiembre de 2015 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín: “La Sala tiene evidencia de que la desaparición forzada de personas fue un medio utilizado para no aumentar los índices de homicidio de la ciudad, como una forma de ‘colaboración’ con la fuerza pública, y especialmente la Policía, porque los desaparecidos no contaban y los cadáveres sí».

De acuerdo con la evidencia,“los integrantes del Bloque Cacique Nutibara no sólo aterrorizaban a la población, sino que sacaban a las víctimas de sus casas, las amarraban, torturaban y/o asfixiaban mecánicamente y luego eran desmembradas, descuartizadas y/o decapitadas. Después las inhumaban en lugares que eran utilizados comúnmente para ese fin, como La Escombrera, La Arenera, el Morro, los barrios Vallejuelos, el alto de Bellavista, El Cebollal, San Javier La Loma, el cerro de Los 12 Apóstoles y la Finca Buenavista de la vereda Bellavista de San Cristóbal».

Dado que una de las víctimas era habitante de la zona rural de San Cristóbal, colindante con las Comunas 7 y 6, la JEP advierte la posibilidad de que en La Escombrera se encuentren también enterradas víctimas de desaparición forzada provenientes de dichas comunas de Medellín. Por ello, hace un llamado a los habitantes de estos sectores para que presenten las denuncias correspondientes y se acerquen a entregar muestras biológicas a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a la JEP y al Instituto Nacional de Medicina Legal.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hasta el momento, ha removido 37.077 metros cúbicos de tierra y escombros en la zona conocida como La Escombrera, en Medellín, que equivalen a 2.059 volquetas cargadas de material. Esto ha permitido la recuperación de estructuras óseas correspondientes a cuatro cuerpos que fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su respectiva identificación.

La meta es remover más de 41.000 metros cúbicos de escombros para llegar al suelo original que tenía la montaña, según un estudio topográfico realizado en 2004.