–Una rectificación de las afirmaciones que hizo la víspera en el segundo Consejo de Ministros televisado le exigió este martes al presidente Gustavo Petro, la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamat, pues afirma que «agudiza la estigmatización de nuestra organización campesina, suprime nuestras garantías para la participación política,
profundiza las condiciones de riesgo e incrementa las dificultades para la concreción de los esfuerzos que hemos desplegado en esta ruta humanitaria que activamos con la Caravana humanitaria del 4 de febrero frente a la creciente crisis que hoy vive la reglón».

Sin embargo, no especifica concretamente qué es lo que el jefe del Estado debe rectificar y se limitar a hacer una reseña de la situación de violencia y estigmatización que ha vivido desde cuando nació la asociación hace 20 años «en una respuesta organizativa al abandono del Estado, a la violencia ejercida contra el campesinado en la región y la propuesta de reconstrucción del tejido social. Esta violencia se ha manifestado por medio de operaciones militares, paramilitares desproporcionadas y dinámicas de grupos armados que no acatan el derecho internacional humanitario».

Luego hace las siguientes precisiones:

Hemos sido la respuesta organizativa en defensa de la vida, hemos trabajado en la reconstrucción del tejido
organizativo, hemos generado alternativas de desarrollo para la región, presentado propuestas para la sustitución de cultivos de coca, denunciamos las practicas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales, hemos exigido la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo, hemos desarrollado mecanismos de protección, auto protección y acciones humanitarias ante la escalada del conflicto armado y hemos logrado el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección. Nos hemos movilizado históricamente en defensa de nuestros derechos.

En medio de todo este trabajo hemos tenido que afrontar y contrarrestar la alta carga de estigmatización y señalamientos, esto se ha configurado como un riesgo latente y una amenaza permanente en contra de nuestra existencia, nuestro ejercicio de asociación, liderazgo y permanencia en el territorio. Hemos sufrido, en los últimos años el homicidio de 17 de nuestros liderazgos, montajes judiciales de los cuales se encontraban entre ellos lideres y lideresas de nuestra asociación.

A raíz de estas situaciones hemos tenido que buscar medios de reconocimiento y mecanismos de protección y autoprotección; razón por la cual hoy la mayoría de nuestros y nuestras dirigentes cuentan con Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH. Somos sujetos de reparación Colectiva – Resolución 7765 de 2021- y con ello se ha dispuesto una ruta especial de protección. Somos titulares de la Sentencia T- 052 de 2017 y accionantes de la Sentencia SU-545 de 2023 que demuestra nuestro compromiso en la exigibilidad del derecho al territorio.

Nuestra convicción por la defensa de la vida nos compromete con la construcción de paz, de esto ha sido testigo Colombia y la comunidad internacional. Hemos hecho todos los esfuerzos por la implementación del acuerdo final de paz y seguiremos buscando las alternativas de solución política y negociada del conflicto armado.

Comprometidos con la paz, hoy nos encontramos junto a 40 organizaciones en el municipio de Tibú en el desarrollo de la primera Comisión de Verificación Humanitaria para insistir en el desescalamiento de la violencia y exigir la atención a la crisis que vive la región.

Por tanto, proponemos que como condición previa a la firma del pacto Catatumbo debe tener como antesala, la realización de un diálogo humanitario que permita las garantías plenas de autonomía, participación, reconocimiento, retorno de líderes, firmantes de paz y comunidad en general que se encuentran en situación de desplazamiento para garantizar las transformaciones sociales que requiere y clama el Catatumbo».