–La Jurisdicción Especial para la Paz anunció este viernes que abrió un incidente para verificar si el general (r) Mauricio Santoyo Velasco ha incumplido con el régimen de condicionalidad, el cual le exige hacer aportes de verdad sobre hechos del conflicto armado interno en los que haya estado involucrado o de los que tenga conocimiento. Si se determina el incumplimiento, Santoyo sería expulsado de esta Jurisdicción y perdería los beneficios de la Justicia Transicional Restaurativa.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) realizó un análisis de los aportes de verdad hechos por Santoyo, quien fuera comandante del Gaula en Antioquia entre 1997 y 2001.

En primer lugar, analizó sus manifestaciones con respecto a la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, defensores de derechos humanos que integraban la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), en octubre de 2000, en Medellín (Antioquia).

Sobre este crimen, el compareciente adujo que no era el comandante del Gaula para el momento de los hechos y que se encontraba en Bogotá ejerciendo funciones administrativas “sin ningún rol operativo». Agregó que quien comandaba el Gaula Medellín en ese entonces era el teniente coronel Germán Eduardo Flórez Sánchez. Finalmente, Santoyo se acogió a su derecho a no incriminarse, le exigió al Estado vencerlo en un juicio con todas las garantías y manifestó que no ha renunciado a su presunción de inocencia.

Sin embargo, para la SDSJ la carga de verdad que puede aportar Santoyo sobre las desapariciones forzadas de ambos defensores de derechos humanos es alta, pues en septiembre de 2024 fue acusado por la Fiscalía 56 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la Nación, como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado y como autor mediato en el delito de desaparición forzada agravada.

Dicha acusación indica que “la desaparición de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa está vinculada a varias desapariciones de personas y homicidios ocurridos por la misma época, con el mismo modus operandi y por los mismos móviles». Así mismo, la acusación sugiere que estas desapariciones forzadas están “estrechamente relacionadas con la interceptación ilegal de más de dos mil líneas telefónicas, entre 1997 y 2001, llevada a cabo por integrantes del entonces denominado Gaula Rural de la Policía, al mando del entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco».

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP también consideró esta acusación de la Fiscalía como un hecho sobre el cual Santoyo podría aportar una verdad exhaustiva y detallada que resulta de sumo interés para el Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado. Esta Sala considera que los aportes de Santoyo podrían ser importantes para atribuir responsabilidades individuales y esclarecer el relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares que derivó en vulneraciones de derechos humanos en Medellín, en 2001.

En diciembre de 2024, la Sala de Reconocimiento le solicitó a Santoyo referirse por escrito sobre estos hechos, pero en su respuesta, entregada en enero de 2025, el compareciente reiteró que no se encontraba al mando del Gaula para ese entonces.

Ante estas negativas, el Instituto Popular de Capacitación (IPC), en su calidad de representante de víctimas del Caso 08, manifestó su inconformidad con los aportes del general retirado. Lo que fue tomado en cuenta por la Sala como un argumento adicional para determinar que Santoyo estaría incumpliendo con su obligación de aportar verdad como garantía para las víctimas.

Otro de los elementos de análisis de la SDSJ para abrir este incidente de incumplimiento contra Santoyo es la condena proferida por el Distrito Este de Virginia, (Estados Unidos), por conspirar para proveer apoyo material y recursos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cargos por los cuales Santoyo se declaró culpable.

Sin embargo, durante la audiencia de aporte de verdad llevada a cabo ante la JEP en marzo de 2024, el compareciente afirmó que esa aceptación de cargos respondió a una “estrategia de la defensa» para obtener menos años de pena, entre otros beneficios que le otorgaba la justicia estadounidense. La SDSJ etiquetó estos aportes como insuficientes y negacionistas.

Por su parte, la Sala de Reconocimiento enfatizó que, a partir de dicha acusación hecha en Estados Unidos, y según lo declarado por varios exjefes paramilitares, “la relación de Santoyo con las AUC no habría sido eventual, esporádica ni marginal, sino relevante y de primer nivel».

Ante las reiteradas reticencias del general retirado a esclarecer y aportar verdad sobre estos y otros hechos, como los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por los cuales es investigado en la Corte Suprema de Justicia, la JEP abrió el trámite que verificará si existe un incumplimiento por parte del compareciente que conlleve a su expulsión de esta Jurisdicción. Santoyo cuenta con cinco días para aportar pruebas que sustenten sus negativas.