Exministro Wilson Ruiz denuncia ante la Corte Suprema a Armando Benedetti y Adelina Covo por tráfico de influencias
–EI activista judicial y exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, presentó ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia una denuncia por el delito de tráfico de influencias contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, y a su suegra, la exmagistrada Adelina Covo.
«He interpuesto una denuncia penal a Armando Benedetti y a Adelina Covo por tráfico de influencias (artículo 411 de la Ley 599 de 2000). No podemos quedarnos de brazos cruzados y que esto quede como otro escándalo más», precisó Ruiz Orejuela.
Explicó que la denuncia se fundamenta en recientes revelaciones hechas por el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quien, a través de su cuenta en la red social X y en entrevistas radiales, expuso que Benedetti y Covo presionaron para que se hicieran nombramientos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con el fin de favorecer intereses personales.
Añade que, según Reyes, estos hechos ocurrieron durante su gestión como director de la DIAN, cuando Benedetti y Covo le exigieron ubicar a personas cercanas a ellos en cargos estratégicos dentro de la DIAN, lo que configura una posible violación al artículo 411 del Código Penal colombiano, el cual sanciona el tráfico de influencias de servidor público.
«EI tráfico de influencias es una práctica que socava la confianza en las instituciones y atenta contra la legalidad en la administración pública. No podemos permitir que el poder se utilice para beneficiar redes clientelistas y familiares», precisó Wilson Ruiz.
Los hechos denunciados fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, entidad que se declaró sin competencia para conocer del caso debido a la condición de aforado de Benedetti, por lo cual ofició a la Corte Suprema de Justicia para que asuma su investigación.
Ruiz Orjuela dijo que espera que la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justica adelante las investigaciones correspondientes y determine las responsabilidades penales de los implicados en este caso de tráfico de influencias.
«Colombia no puede seguir tolerando que altos funcionarios abusen de su posición para manipular la administración pública», concluyó.

