–En una carta que envió al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, José Luis Caballero Ochoa, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, denunció y alertó «sobre los preocupantes ataques, amenazas y actos de persecución que han sufrido varios senadores de la Comisión Séptima del Senado de la República de Colombia», luego de que firmaran la ponencia que propone el archivo del proyecto de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno Nacional.

«Las acciones de intimidación han escalado hasta niveles inaceptables, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la reputación de los congresistas y sus familias», precisa el exmandatario y resalta que e particular, el senador Miguel Ángel Pinto, «quien ha sido un firme defensor de la institucionalidad y la separación de poderes, ha sido víctima de una serie de ataques que no solo ponen en riesgo su seguridad, sino que afectan a su familia y buscan destruir su buen nombre».

Agrega que «a raíz de su liderazgo en esta decisión legislativa, su hija, Silvia Pinto Vargas, fue despedida arbitrariamente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en lo que solo puede interpretarse como una represalia política. Al mismo tiempo, se han lanzado calumnias infundadas en su contra, acusándolo falsamente de vínculos con grupos paramilitares, con el claro propósito de desprestigiarlo y deslegitimar su actuar como senador».

El expresidente Gaviria señala que lamentablemente, la persecución no se limita a él, sino a los otros senadores, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo,
que también participaron en la firma de la ponencia de archivo «han recibido amenazas y presiones similares» y «han sido señalados y atacados por ejercer su derecho constitucional a deliberar y votar en el Congreso de la República, en lo que claramente configura un intento de intimidación que atenta contra la independencia del poder legislativo».

Gaviria advierte además que más preocupante aún es que estas amenazas no provienen de sectores aislados, «sino que parecen estar impulsadas por una estrategia de gobierno que, en lugar de promover el debate democrático, ha optado por la estigmatización y la persecución de quienes se oponen a sus reformas».

Subraya que en reiteradas ocasiones, «el presidente Gustavo Petro y miembros de su gobierno han señalado a estos senadores como enemigos de los trabajadores, promoviendo un discurso que busca presentarlos ante la opinión pública como responsables de un supuesto bloqueo a las reformas que el país necesita. Con ello, han abierto la puerta a un clima de hostilidad que ha derivado en amenazas de violencia, atentando contra su derecho a ejercer su labor legislativa sin presiones ni coacciones».

Manifiesta igualmente que el gobierno, lejos de respetar el debate democrático, ha utilizado su influencia para generar un ambiente de confrontación, en el que el desacuerdo legítimo con sus políticas es castigado con señalamientos, despidos injustificados y campañas de difamación. Este tipo de prácticas no solo ponen en riesgo la vida y el bienestar de los congresistas y sus familias, sino que también deterioran gravemente la democracia en Colombia. Convertir a los legisladores en objetivos de ataques políticos y sociales por no someterse a una agenda gubernamental es un precedente nefasto que amenaza la estabilidad de nuestras instituciones y debilita el Estado de derecho.

Puntualiza que a esta situación se suma el preocupante desacato del gobierno a las órdenes judiciales de la Corte Constitucional en temas de salud, una problemática que también será debatida próximamente en la Comisión Séptima del Senado. Recientemente, la Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir decisiones judiciales que buscan garantizar el acceso a la salud de los colombianos. Este hecho pone en evidencia un patrón de desobediencia institucional por parte del gobierno, que no solo afecta la independencia de los poderes del Estado, sino que también pone en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía. Es inaceptable que, en un Estado de derecho, el ejecutivo ignore los mandatos judiciales y busque imponer su agenda sin respetar las decisiones de las más altas instancias judiciales del país.

Por todo lo anterior, el expresidente Gaviria solicita «con urgencia la intervención de la CIDH para que se pronuncie de manera categórica frente a estos hechos y exija al Estado colombiano garantizar la seguridad de los congresistas afectados y de sus familias. Es imperativo que se adopten medidas de protección inmediatas para evitar cualquier tipo de agresión contra ellos y que se investiguen de manera rigurosa las amenazas y actos de persecución que han sufrido».

Asimismo, insta a que la CIDH haga un llamado enfático al respeto por la independencia del Congreso y al derecho de los legisladores a ejercer sus funciones sin ser objeto de presiones indebidas. La democracia colombiana no puede permitir que sus representantes sean silenciados mediante la intimidación, ni que se consolide un modelo en el que el disenso se castiga con represalias personales y familiares.

«Esperamos que la CIDH actúe con la celeridad que este caso amerita, en defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos que deben regir a toda sociedad que aspire a la justicia y a la libertad», concluye.