–La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, expresó su «enérgico rechazo a las acciones de amedrentamiento, intimidación y obstaculización del derecho fundamental a la protesta y la movilización sindical», proferidas por el alcalde de Bogotá y otros mandatarios territoriales contra los docentes que no cumplan su jornada laboral este martes por participar en las movilizaciones promovidas por el presidente Gustavo Petro.

En un comunicado la organización sindical del magisterio exige a las secretarías de educación del distrito de Bogotá, Medellín, Cartagena y demás ETC «que se abstengan de tomar cualquier tipo de represalia contra los docentes que participen en la movilización y que garantice plenamente el ejercicio de los derechos sindicales».

Afirma que «de persistir los actos de constreñimientos, amenazas o sanciones al magisterio nos veremos obligados a elevar las denuncias pertinentes ante las instancias nacionales e internacionales competentes».

Y agrega: «Resulta inadmisible que, bajo el argumento de garantizar la «normalidad académica» las secretarías de educación y gobiernos municipales, ejerzan indebidas presiones a las y los rectores para que asuman funciones punitivas en su pretensión de condicionar y obstaculizar el legítimo ejercicio de la huelga y la protesta social, derechos consagrados en los artículos 37 y 39 de la Constitución Política de Colombia, así como, en los convenios 87 y 151 de la OIT, sobre libertad sindical, derecho de asociación y la protección del derecho a la sindicalización en el sector
público, respectivamente».

Fecode subraya que el reportar «presunto ausentismo no justificado» de los docentes que participen en la jornada de movilización del 18 de marzo, invocando que, prima el derecho de la niñez y de la juventud, como 10 contempla el
memorandoi-2025-32211 de la secretaría de educación distrital, no solo vulnera los derechos sindicales, sino que representa una amenaza directa a la libre expresión y organización de los trabajadores; en su doble moral impide que el Estado le garantice a los niños, jóvenes y adolescentes un mejor presente y un futuro con mayores oportunidades. La movilización del magisterio es una respuesta legítima ante la desatención de demandas justas relacionadas con la financiación educativa, la salud del magisterio y las condiciones laborales del sector.

Además precisa que «ninguna norma está por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores y que la lucha por la educación pública y la dignificación de la labor docente no puede ser criminalizada ni restringida mediante disposiciones administrativas que desconocen el orden constitucional».