–Ocho integrantes de la llamada ‘primera línea’ de Neiva fueron condenados este miércoles a penas de entre 6 y 8 años de cárcel por las acciones vandálicas que ejecutaron en la protesta social del 2021, cuando incineraron vehículos de servicio público y un CAI, y cometieron otros desmanes.

Sin embargo, los sentenciados no irán a un penal, pues la juez del caso les otorgó el beneficio de la detención domiciliaria, con la constitución de una póliza por valor de 5 salarios mensuales vigentes. Además, fueron absueltos sobre los delitos de perturbación del servicio público colectivo oficial, constreñimiento ilegal e instigación a delinquir.

Los condenados, por los hechos vandálicos ocurridos los días 12 y 17 de mayo, 3 y 17 de junio 2021, entre otras fechas,
son Andrés Felipe Yara Vargas, Pablo Fernando Vargas Lima, Ignacio Sebastián Zambrano Rodríguez, Edwin Herrera Pimentel, Cristián Andrés Reyes Cuéllar, Kevin David García Mosquera, Anyi Carolina Cuéllar Ospina y Vanessa Cabrera Sánchez, quienes tendrán una inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

De hecho, los procesados han estado en libertad durante el proceso y continuarán como tal hasta que quede en firme la condena, cuando deberán recluirse en sus casas, luego de pagar una póliza de $7.117.500.

En la sentencia, la jueza discriminó así las condenas:

-Pablo Fernando Vargas Lima, 103 meses y 15 días de prisión (8 años, 7 meses y 15 días), y una multa de 387.24.75 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($551.246.816,25).

-Ignacio Sebastián Zambrano Rodríguez, Vanessa Cabrera Sánchez, Cristian Andrés Reyes Cuellar, Carolina Cuellar Ospina, Andrés Felipe Yara Vargas, 75 meses de prisión (6 años y 3 meses) y multa de 53.4975 s.m.l.m.v ($76.153.691,25).

-Kevin David García Mosquera y Edwin Herrera Pimentel, 78 meses de prisión (6 años y 6 meses) y una multa de 56.4 s.m.l.m.v ($80.285.400).

El fiscal del caso sostuvo en la audiencia que los sujetos integraban una “estructura delincuencial al margen de la ley” que se dedicaba a la planeación de hechos delictivos que «alteraban la tranquilidad pública aprovechando y utilizando como fachada para ello las manifestaciones de protesta social”.