–La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, anunció este miércoles que archivó el trámite del caso de los 20 mil cuerpos de desaparecidos que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunció en diciembre pasado y que causó un escandalo de alcance global.

Simplemente, la JPE afirma que «la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) determinó que no existe evidencia que permita corroborar la presencia de cuerpos sin identificar en los 47 hangares del Aeropuerto El Dorado».

#Atención | La #JEP archiva el trámite sobre hangares en El Dorado al no encontrar evidencia para ordenar una medida cautelar.

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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 19, 2025

Tras analizar la información entregada por distintas entidades, así como la inspección efectuada por la UIA, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP concluyó que no existe evidencia que sustente la presencia de cuerpos sin identificar en los 47 hangares inspeccionados. Ello al no existir objeto de protección, y por ende la imposibilidad de verificar la competencia de la JEP, así como los criterios de gravedad y urgencia necesarios para decretar una medida cautelar. En dicho sentido, la magistratura ordenó archivar el trámite, señaló.

Añadió que esta decisión se sustenta en los informes presentados por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, los cuales descartan de manera categórica la hipótesis inicial, esto es la presencia de los 20.000 cuerpos en ese lugar.

Con esta decisión se da por concluido el trámite iniciado el 6 de diciembre de 2024, cuando la Secretaría Jurídica Distrital y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. le pidieron a esta Jurisdicción revisar el tema. La solicitud estaba relacionada con el informe ‘Hallazgos preliminares’, publicado un día antes por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en el que se mencionaba la posible presencia de cuerpos sin identificar en un hangar del Aeropuerto El Dorado.

Ante la gravedad de esta información y con el fin de determinar su competencia en el caso, la sección ordenó el 11 de diciembre, mediante el Auto AT-SAR 757 de 2024, la recopilación de información. Los resultados de estas investigaciones fueron concluyentes: los reportes de la UIA y la PGN confirmaron que en los hangares inspeccionados no se encontraron cuerpos ni estructuras óseas. Asimismo, el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas no contempla estos espacios como sitios de interés forense para la UBPD, lo que descarta su posible uso para la disposición de víctimas de desaparición forzada.

Los reportes también confirmaron que no existe información que permita afirmar que el Aeropuerto El Dorado o CATAM hayan sido utilizados como sitios de almacenaje transitorio o disposición de cuerpos relacionados con el conflicto armado. Asimismo, señalaron que en ninguno de los hangares, bodegas, zonas de reciclaje, áreas de tratamiento de aguas residuales o zonas fúnebres del aeropuerto se hallaron los 20 mil Cuerpos No Identificados (CNI) mencionados en el informe inicial.

En el comunicado, la JEP explicó que las medidas cautelares en el proceso transicional colombiano buscan garantizar y proteger los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En este contexto, la JEP ha ordenado medidas cautelares para proteger zonas de interés forense en donde puedan estar inhumados cuerpos de víctimas de desaparición forzada hasta que los mismos sean recuperados.

Estas decisiones buscan de garantizar su protección y debida conservación, lo que redunda en la materialización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de dicho flagelo en tanto dichas acciones posibilitan su identificación y entrega digna. Además, de atender problemas estructurales que, durante décadas, han representado un obstáculo en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el conflicto armado.

Estas medidas responden a situaciones de gravedad y urgencia, con el propósito de evitar daños irreparables a personas y colectivos de víctimas, proteger y garantizar el acceso a información en riesgo de daño, destrucción o alteración, asegurar la efectividad de las decisiones judiciales y garantizar el restablecimiento real de los derechos de las víctimas.

Los hechos datan del 5 de diciembre de 2024, cuando el Comité de la ONU para la Desaparición Forzada señaló que había recibido información de que el Instituto de Medicina Legal tenía «resguardados» en un hangar de el Aeropuerto de Bogotá alrededor de 20 mil cuerpos que no ha podido identificar, supuestamente de personas desaparecidas en el conflicto armado.

Concretamente, en una rueda de prensa en la capital colombiana, Carmen Rosa Vila, experta del citado Comité afirmó:

«Según información proporcionada a la delegación, también se encuentran alrededor de 20.000 cuerpos no identificados en un hangar del aeropuerto de Bogotá».

Vila agregó que esta información le fue brindada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que «no son cuerpos hallados, son cuerpos que se encuentran resguardados», porque, subrayó «no hay otro lugar para poderlos mantener».

Advirtió que «no hay espacio para seguir preservando los restos o cuerpos hallados», citando además la falta de medios de todo tipo que tiene Medicina Legal y «la falta de profesionales capacitados para realizar el trabajo técnico forense necesario».

Vila señaló igualmente que «Colombia se encuentra con miles de cuerpos sin identificar en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas y las llamadas ‘piscinas'».

Así mismo expresó preocupación porque «no exista una visión global confiable de la dimensión de la desaparición forzada» en Colombia por causa del conflicto armado; «las cifras comunicadas a la delegación oscilan entre 98.000 y 200.000 personas desaparecidas en Colombia», precisó.

El comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU)», visitó por tercera vez a Colombia, después de haber estado en México e Irak, elaborando un informe de los desaparecidos para presentar en 2025 en Ginebra.

El 9 del mismo mes de diciembre, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU reafirmó su denuncia sobre los 20 mil cuerpos en El Dorad, al responder a la controversia que generaron sus afirmaciones y el desmentido que hicieron las autoridades colombianas.

«Un día antes de hacer públicas sus conclusiones preliminares, el Comité las presentó en una reunión con autoridades del Estado, lo cual es una cortesía diplomática que les permite corregir cualquier error fáctico», señaló en un comunicado.

El organismo internacional recalcó que tras presentarles sus conclusiones preliminares «no hubo ninguna solicitud relacionada con la cuestión de los cadáveres no identificados, incluida la información sobre el almacenamiento de cadáveres no identificados en el aeropuerto de Bogotá».

También indicó que en sus informes y recomendaciones «se sigue una estricta metodología» basada en «observaciones o información corroborada y recibida de fuentes creíbles».

En todo caso, el concesionario del Aeropuerto Internacional de El Dorado emitió un comunicado en el que afirmó que “no tiene conocimiento alguno” de estos hechos y que las autoridades deben esclarecerlos.

Igualmente, la Alcaldía de Bogotá aseguró que tampoco tenía “conocimiento ni indicios” de que exista el hangar y pidió explicaciones a Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Fiscalía y la Cancillería.

Por su parte, la Procuraduría anunció entonces el envío de una comisión a inspeccionar El Dorado esa misma fecha y señaló que tras revisar 27 hangares no encontró cuerpos.

La Cancillería de Colombia presentó una nota verbal de protesta al Comité al considerar que la información de los 20.000 cuerpos «no solo carece de respaldo, sino que también compromete la rigurosidad y credibilidad de un órgano especializado de Naciones Unidas».

Y pidió al Comité «explicaciones claras y precisas» sobre el origen de esos datos.

“El Gobierno nacional subraya que la verificación rigurosa de la información es indispensable para preservar la confianza y la efectividad de los mecanismos de Naciones Unidas”. Añadió que el informe del comite «carente de sustento, ha generado confusión y controversia en el país”.

Juan Pablo Albán Alencastro, integrante de la misión de la ONU junto a Carmen Rosa Villa Quintana, subrayó que la información sobre la existencia de los cadáveres fue recibida en reuniones con autoridades y organizaciones.

«No podíamos dudar de la información reiterada de las fuentes que entrevistamos y que nos dijeron que hay restos en lugares donde no deberían estar, incluido el aeropuerto de Bogotá», explicó Albán.

Sin embargo, admitió que el Comité no visitó el aeropuerto para corroborar la información.

Carmen Rosa Villa, vocera del Comité, también indicó que no visitó las instalaciones del aeropuerto, y reiteró que recibió información al respecto de parte de Medicina Legal.