–Con el objetivo avanzar en las labores de exhumación e identificación de víctimas de desaparición forzada en una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó la protección y conservación, tanto material como simbólica, del Cementerio Católico San Miguel Arcángel, ubicado en el municipio de Corinto, Cauca.

La medida cautelar se adopta en el marco del caso que investiga la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle. Esta decisión responde, en primer lugar, a la solicitud presentada por diversos colectivos de víctimas de la zona priorizada durante el proceso judicial, como parte del esfuerzo por restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y los Territorios afectados por el conflicto armado, y en cumplimiento del principio de centralidad de las víctimas.

Además, esta decisión busca avanzar en el esclarecimiento de la verdad, tomando en cuenta los informes proporcionados por las autoridades étnicas y las víctimas de los municipios de Corinto y Miranda, en Cauca. Dichos informes señalan que en este cementerio fueron inhumados, como cuerpos no identificados, miembros de las Farc-EP, así como personas presuntamente desaparecidas por la misma estructura guerrillera.

La medida cautelar ordena a la Parroquia San Miguel Arcángel de Corinto, a la Alcaldía de Corinto, a la Gobernación del Cauca, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y al Ministerio del Interior adoptar acciones inmediatas para garantizar la custodia, protección e integridad de los Pabellones San Gabriel, San Antonio y San Rafael del mismo camposanto. El objetivo es asegurar el derecho a la verdad de las víctimas y consolidar el universo de víctimas desaparecidas en esa zona priorizada por el Caso 05.

Como parte de este trámite, el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP realizó un análisis de geolocalización de casos de desaparición forzada ocurridos entre 1983 y 2016 en los municipios de Corinto y Miranda, con el objetivo de confrontar hechos y zonas de resguardos del territorio. Este estudio arrojó que existe evidencia que permite inferir la presencia de comunidades indígenas en esa región y, por ende, la necesidad de analizar el perfil de las posibles víctimas que allí reposan.

Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en el marco de las inspecciones judiciales ordenadas por la magistratura, recaudó información relevante de distintos protocolos de necropsia solicitados al municipio de Corinto, Cauca. Este proceso judicial permitió documentar múltiples casos de muertes violentas por armas de fuego ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016, en los que los cuerpos presentaban características que indicaban su posible pertenencia a personas de origen indígena.

Asimismo, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), como parte de la implementación del Plan Regional de Búsqueda, ha concluido que los cementerios de Corinto y Miranda (Cauca) tienen un alto potencial para albergar cuerpos de víctimas del conflicto armado. Este informe respalda lo señalado en el análisis realizado por el GRAI de la JEP, que, según la evidencia judicial, concluye que la desaparición forzada en estos municipios “responde a los intereses de control territorial de un corredor ampliamente disputado entre los grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y de la fuerza pública».

La investigación judicial desarrollada por la JEP en esta zona del país ha permitido determinar la presencia de al menos ocho cuerpos sin identificar, inhumados en los pabellones del Cementerio Católico San Miguel Arcángel de Corinto, con base en la información proporcionada por la Parroquia del municipio. Los datos revelan que cuatro de estos cuerpos, uno de ellos ya identificado, podrían estar directamente relacionados con hechos vinculados al conflicto armado, debido a los hallazgos de muertes violentas.

Para la magistratura, la disposición indiscriminada de cuerpos por parte de personal no autorizado en lugares inapropiados dentro del Cementerio Católico San Miguel Arcángel, el registro deficiente de los mismos, el deterioro de las instalaciones y otros hallazgos, configuran una situación de urgencia. Esto justifica la medida cautelar, ya que el paso del tiempo amenaza con complejizar las labores de exhumación e identificación de los cuerpos inhumados allí, a cargo de la UBPD, en el marco del cumplimiento del Plan Regional de Búsqueda.