–Tras insistir que en Colombia hay ocho conflictos armados no internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, aseguró que en 2024 el deterioro de la situación humanitaria en el país alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años.

El CICR presentó este jueves el informe «Retos Humanitarios 2025», en el cual subraya que la intensificación de las hostilidades, el endurecimiento del control de los grupos armados sobre la población civil y la creciente falta de respeto del derecho internacional humanitario, aumentaron de manera alarmante los riesgos para la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas.

Entre los riesgos más preocupantes, el CICR señala el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes;
la violencia sexual; la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos; la falta de respeto a los principios
que rigen la conducción de hostilidades; y el trato indebido de civiles, entre otros.

Agrega que la materialización de estos riesgos profundizó diversas consecuencias humanitarias, como el número de personas heridas, muertas y desaparecidas; la afectación por artefactos explosivos; el confinamiento; el desplazamiento; y los actos violentos contra la asistencia de salud. Este contexto agravado generó una presión extrema sobre las comunidades, y provocó un intenso sufrimiento para la población civil.

“El sufrimiento de estas comunidades no es una consecuencia inevitable de los conflictos armados. Es el resultado directo de la falta de respeto a las normas humanitarias diseñadas precisamente para proteger a quienes no participan en las hostilidades”, afirmó Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia. “La población civil sigue pagando un precio demasiado alto. Esto no debería suceder”.

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— CICR Colombia (@CICR_co) March 27, 2025

El CICR reseña en su informe que en 224 documentó 382 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DIH), reflejo de la creciente falta de respeto a las normas que protegen a la población civil y a quienes han dejado de participar en los enfrentamientos. El 44 % de estas violaciones estuvieron dirigidas contra la vida y la integridad física y mental de las personas protegidas por el DIH. Un 33 % se relacionó con la conducción de las hostilidades, particularmente con el incumplimiento de la obligación de las partes en conflicto de tomar precauciones para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil de los efectos de los ataques. El 23 % restante abarcó hechos que afectaron la satisfacción de las necesidades básicas en las comunidades, su bienestar y el acceso a servicios esenciales.

Esta cifra representa un incremento del 89 % en comparación con el año anterior y constituye el número más alto reportado en los últimos ocho años.

En 2024, el confinamiento de comunidades en Colombia alcanzó su punto más crítico en los últimos ocho años.

Los eventos de confinamiento aumentaron en un 102 %, y la población afectada creció en un 89 % en comparación con el año anterior. Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), 88.874 personas estuvieron confinadas en 12 departamentos del país. En algunos casos, los confinamientos fueron resultado de amenazas directas de los grupos armados; en otros, las comunidades adoptaron ciertas medidas de protección, incluida la limitación de movilidad, ante el riesgo de enfrentamientos o debido a la presencia de artefactos explosivos.

El año pasado, 41.228 personas se desplazaron de manera masiva en 15 departamentos.

Aunque esto representa una disminución en el número de personas afectadas con relación a 2023, no significa que la
situación haya mejorado, ya que los eventos reportados por este tipo de desplazamiento aumentaron un 34 % debido a la intensificación de las hostilidades y del incremento de las amenazas e intimidaciones contra la población civil.

Es decir, en 2024, cada tres días en promedio, una comunidad se vio forzada a abandonar su hogar para salvaguardar la
vida de sus integrantes. En este proceso, dejó atrás todas sus pertenencias y llevó consigo un miedo persistente que
no la abandona. El desplazamiento no solo implica la pérdida material, sino también un profundo impacto emocional y psicológico. Las familias se ven separadas, las raíces culturales se desarraigan y la incertidumbre sobre el futuro se convierte en una constante.

Los desplazamientos individuales ocurrieron en los 32 departamentos del país, pero en 6 de ellos se registró el 65 % de la población afectada: Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Bolívar, Antioquia y Norte de Santander. Entre estos, Valle del Cauca fue el que tuvo el mayor impacto, con un acento particular en Buenaventura, que fue la principal ciudad expulsora, con 11.532 personas desplazadas.

En buena parte de los casos, las personas que se desplazan de manera individual se ven obligadas a abandonar sus hogares por amenazas y señalamientos de los actores armados y, para proteger su vida, huyen al lugar más
lejano que encuentran. Por eso, la mayoría de las veces no regresan a sus lugares de origen.

En 2024, documentamos 252 nuevas desapariciones relacionadas con los conflictos armados y la violencia, lo que representa un incremento del 13 % en comparación con el año anterior. Estos casos se registraron en 19 departamentos, pero el 85 % de ellos se concentró en siete: Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Chocó.

La presencia, uso y abandono de artefactos explosivos tiene efectos devastadores sobre la población civil. El año pasado, comunidades enteras se vieron obligadas a desplazarse o confinarse debido a la constante amenaza que representan estos artefactos. Como consecuencia, estas poblaciones perdieron sus medios de subsistencia y experimentaron profundas transformaciones en su forma de vida al no poder transitar libremente por sus territorios.

En 2024, registramos 719 personas afectadas por minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada*. De ellas 97 personas impactadas murieron.

El número de personas heridas y fallecidas por este tipo de artefactos creció un 42 % en comparación con 2023. En todo caso, los datos evidencian que, independientemente del tipo de artefacto, todos generan consecuencias graves sobre la población civil. Del total de los casos registrados el año pasado, el 67 % corresponde a personas civiles.

Todo lo anterior demuestra el empeoramiento de la situación, lo que representa graves riesgos para la protección de las comunidades. En 2024, registramos accidentes causados por diferentes tipos de artefactos explosivos en 78 municipios del país. En 39 de ellos no se habían reportado accidentes el año anterior. Además, por primera vez en ocho años se registraron víctimas en el departamento de Amazonas, una región que hasta entonces había permanecido libre de esta amenaza.

De otro lado, el CICR indica que en 2024 su trabajo en los territorios permitió evidenciar un recrudecimiento de la violencia sexual relacionada con los conflictos armados. Esta violencia no solo tiene efectos de carácter físico y psicológico en quienes la sufren de manera directa, sino también en sus familias y comunidades. En numerosos casos, los actores armados la utilizaron como una herramienta de intimidación, castigo, demostración de poder y destrucción del tejido social.

Más allá de la violación, existen otras formas de violencia sexual, como el acoso sexual, la desnudez forzada, el sexo por supervivencia y la esclavitud sexual, entre otras, que afectan profundamente la vida de las víctimas y sus entornos.

Estas conductas no necesariamente son identificadas por las comunidades, ya que se trata de prácticas normalizadas,
lo que facilita su perpetración. Lo anterior se debe a que existe un aprovechamiento de esa situación y por esto no
se toman medidas a tiempo para prevenir o mitigar la ocurrencia de la violencia sexual.

Estas cifras, a pesar de reflejar únicamente los casos documentados directamente por el CICR, evidencian los graves retos que enfrenta el país para garantizar la protección de quienes no participan en las hostilidades. El CICR expresó su profunda preocupación ante esta falta de respeto al DIH y recordó que las partes en conflicto tienen la responsabilidad inexcusable de salvaguardar a la población civil, puntualiza.

En el documento, el Comité Internacional de la Cruz Roja hace varios llamados, el primero de ellos a los actores armados estatales y no estatales:

-En medio del incremento de las confrontaciones, es urgente e imperativo que los actores armados protejan a la población civil y a quienes han dejado de participar en las hostilidades. El derecho internacional humanitario (DIH) debe ser respetado por las partes, sin excepción. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución deben respetarse en todo momento y lugar.

Les llamamos a cumplir, especialmente, con el principio de precaución, que exige tomar todas las medidas factibles para evitar o minimizar el daño a la población y a los bienes civiles al planificar y ejecutar operaciones militares.

Las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades deben ser tratadas con humanidad. El homicidio y la amenaza de cometerlo están absolutamente prohibidos. Adicionalmente, en ninguna circunstancia la población civil debe ser estigmatizada.

Los niños, niñas y adolescentes deben quedar completamente al margen de las hostilidades. Su reclutamiento, uso y utilización constituye una violación del DIH que no solo afecta irreparablemente sus vidas y su dignidad, sino también las de sus familias y comunidades.

Toda forma de violencia sexual está absolutamente prohibida por el DIH y debe ser erradicada, tanto como mecanismo de intimidación como medio de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.

En todo momento debe garantizarse la protección de quienes brindan asistencia de salud, así como de las personas heridas y enfermas, incluso si estas pertenecen a actores armados. Se debe permitir la circulación de ambulancias y el transporte para la evacuación de los heridos y enfermos, sin importar a qué parte pertenezcan.

Así mismo, se debe permitir el traslado y la entrega de insumos médicos esenciales. Especialmente, cuando aumentan las hostilidades, proteger a quienes cuidan garantiza un mínimo de humanidad en medio de la confrontación.

En el contexto de los enfrentamientos, el manejo adecuado y la identificación de los cuerpos de las personas fallecidas, incluidos los integrantes de actores armados, son fundamentales para prevenir su desaparición.

Es imprescindible garantizar que las familias reciban información sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos.
Reiteramos a los actores armados, tanto estatales como no estatales, la necesidad de proteger a la población civil
de las consecuencias devastadoras que genera la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos. Igualmente, los
instamos a considerar su impacto en las comunidades, especialmente en lugares esenciales para la infancia, como escuelas y espacios de recreación.

Es importante recordar que el respeto del DIH no depende de la existencia de negociaciones de paz ni debe entenderse
como un asunto transaccional en medio de los diálogos.

Su cumplimiento es obligatorio y, cuando se recrudece la confrontación, es aún más necesario.

Instamos a las partes en conflicto a que adopten acuerdos especiales y/o declaraciones unilaterales para que se avance y profundice en el fortalecimiento del respeto y la implementación del DIH. Estos acuerdos pueden mostrar un claro compromiso de proteger a las personas que no participan y a las que han dejado de participar en las hostilidades.

A las entidades del Estado formula los siguientes llamados:

-Debido al rápido deterioro de la situación humanitaria, hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que respondan con celeridad a las necesidades de las personas afectadas por las consecuencias de los conflictos armados. Esto incluye la asignación adecuada de recursos para tal fin. Una atención oportuna puede garantizar la sobrevivencia de comunidades enteras afectadas por los conflictos armados. Adicionalmente, exhortamos a activar y asegurar el adecuado funcionamiento de las rutas de prevención e implementar medidas que mitiguen los riesgos a los que se expone la población civil.

Instamos al Estado a fortalecer los mecanismos de apoyo para las personas cuya salud mental se ve afectada por los
conflictos armados, como docentes y trabajadores de la salud que desempeñan su labor en medio de las hostilidades.

Llamamos a las autoridades a asegurar el funcionamiento de las rutas de prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como a fortalecer los mecanismos de acceso a la educación como una forma de mitigar el riesgo.

Instamos al Estado a garantizar la asignación de recursos adecuada para la implementación de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas y apoyo a las familias. Esto incluye el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda (incluido el Sistema Medicolegal) y la participación de las víctimas en el diseño e implementación de la política pública nacional para personas desaparecidas.

Exhortamos al Estado a establecer una alternativa humanitaria extrajudicial para la búsqueda de las personas desaparecidas después del 1 de diciembre del 2016.

Es urgente que el Estado adopte medidas para prevenir la desaparición de cuerpos de personas fallecidas en el
contexto de los conflictos armados. Es fundamental garantizar una adecuada custodia y la trazabilidad tanto de los cuerpos no identificados como de los identificados sin reclamar que son inhumados por el Estado.

Recordamos al Estado la importancia de avanzar en la creación del Mecanismo Nacional de Prevención del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. También esperamos la aprobación de los protocolos para la articulación interinstitucional en situaciones de crisis en centros penitenciarios, así como en casos de personas privadas de libertad con enfermedades incompatibles con la pena de prisión.