Defensoría urge acción del Gobierno Nacional frente a escalada violenta de grupos armados ilegales en el Magdalena Medio
–La Defensoría del Pueblo, a través de su regional Magdalena Medio, reiteró su llamado al Gobierno Nacional frente a la intensificación del accionar violento de actores armados irregulares en los municipios de esta subregión, que está afectando gravemente a las comunidades, vulnerando sus derechos fundamentales y el DIH.
Durante una sesión de la Subcomisión Técnica de Garantías de Seguridad, realizada en el municipio de Yondó (Antioquia), la Defensoría puso de presente los escenarios de riesgo advertidos en las Alertas Tempranas 034 y 027, así como los 18 eventos humanitarios registrados en la región. No obstante, mientras se llevaba a cabo este espacio de diálogo y análisis, ocurrió un nuevo hecho violento en la vereda Peñas Blancas, zona rural del municipio de Yondó (Antioquia), donde una persona fue asesinada y otra resultó herida, lo que evidencia la preocupante situación de orden público que atraviesa la zona, advirtió la Defensoría en un comunicado.
Asimismo, esta grave problemática fue expuesta por la Defensoría del Pueblo el 20 de marzo en el Consejo de Seguridad realizado en Aguachica (César), en el que participaron los ministros de Defensa e Interior, los gobernadores de Bolívar, Antioquia, Cesar y Santander, así como altos mandos militares. En este espacio se abordaron estrategias para frenar la escalada de violencia impuesta por los grupos armados ilegales en el sur de Bolívar y garantizar la seguridad de las comunidades.
En distintos escenarios, la Defensoría ha insistido en la necesidad de adoptar medidas urgentes para mitigar el impacto de la violencia y salvaguardar los derechos humanos en el Magdalena Medio. En ese sentido, reitera la importancia de atender los siguientes puntos clave:
-Mantener los esfuerzos en la implementación del AFP (Acuerdo Final de Paz), a través de los mecanismos del plan de choque y la Política de Desmantelamiento, que implica una responsabilidad conjunta del Gobierno nacional y las Entidades Territoriales.
-Convocar sesión de la Mesa Territorial de Garantías del Magdalena Medio con una dinámica permanente de funcionamiento, asegurando que el Ministro del Interior cumpla su compromiso adquirido en agosto de 2024 con los líderes y lideresas sociales. Esto incluye la realización de un acto de reconocimiento por su labor en la defensa de los derechos humanos, y que los gobernadores brinden garantías financieras, técnicas y de asistencia para que se lleve a cabo en el primer semestre de 2025.
-Atender la situación de riesgo excepcional de más de 200 firmantes de paz en Santander y Magdalena Medio, especialmente los y las 25 ubicados en Yondó y Cantagallo, mediante la activación de mecanismos de protección y, si es necesario, de extracción. Igualmente, la Gobernación de Santander y Bolivariana deben prestar especial atención a las comunidades campesinas de Puerto Wilches, El Guayabo y Sabana de Torres, donde existen 44 conflictos agrarios, así como a la comunidad docente en el municipio de Norosí.
-Implementar un plan de desminado humanitario y/o militar en Santa Rosa del Sur (Bolívar) y Yondó (Antioquia), con el fin de reducir los riesgos que enfrentan las comunidades por la presencia de artefactos explosivos.
-Actualizar los Planes de Contingencia, Prevención y Protección, para garantizar que las instituciones estén preparadas para responder a emergencias humanitarias y puedan brindar ayuda de manera inmediata y oportuna a las poblaciones afectadas.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un nuevo llamado a las autoridades nacionales y regionales para que adopten medidas eficaces, urgentes y extraordinarias que permitan contener la escalada violenta en el Magdalena Medio.» La vida, la seguridad y los derechos de las comunidades no pueden seguir en riesgo y se requiere fortalecer las medidas de prevención y generar acciones contundentes para frenar el accionar de los grupos armados ilegales», puntualizó.