–En un sobrevuelo hecho en la Amazonia colombiana, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y representantes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), constataron la acelerada destrucción de ecosistemas claves en esa región, que alberga el 30% de biodiversidad del planeta.

“La deforestación avanza a un ritmo alarmante por la siembra de cultivos de uso ilícito, minería, ganadería, construcción de infraestructura vial ilegal, entre otros factores que representan una amenaza para la biodiversidad”, enfatizó la Defensora del Pueblo.

Vale la pena recordar que el Ministerio del Medio Ambiente advirtió que, a nivel nacional, en 2024 aumentó en 35% la deforestación frente al año anterior y el 60% de pérdida de bosque se concentra en esta región.

El recorrido permitió evidenciar serios hallazgos:

En el Parque Nacional Natural La Macarena, una carretera ilegal atraviesa toda su zona norte, facilitando la expansión de cultivos de coca. Esto agrava la fragmentación del territorio, debilita la gobernabilidad y alimenta la conflictividad armada.

El Parque Nacional Natural Tinigua está devastado por una expansión ganadera sin precedentes.

En el resguardo indígena Nukak-Maku, se ha consolidado una vía de más de 130 kilómetros en su límite norte, lo que impulsa la creación de nuevas fincas. Además, se ha observado la expansión de los cultivos de coca, incluso en zonas ambientalmente frágiles, como los tepuyes.

En la cuenca alta del río Inírida, el crecimiento de cultivos de coca industrial y las zonas de procesamiento contaminan el agua y atraen nuevas poblaciones, lo que aumenta la presión sobre su zona más vulnerable: su nacimiento.
En medio de todo esto, proliferan los incendios.

“La Amazonía es un pilar fundamental para la biodiversidad global, por esta razón, hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que extremen medidas de protección de estos territorios y frenen el avance de la deforestación, implementando estrategias que prioricen la conservación de los ecosistemas”, indicó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Por su parte, el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Rodrigo Botero, aseguró: “Necesitamos reforzar las alertas tempranas sobre los procesos de deforestación, degradación, ampliación de la frontera agropecuaria e incremento de actividades ilegales en zonas de alta sensibilidad ambiental y cultural».

Advirtió que «están ocurriendo hechos muy delicados que deberían ser reportados de manera permanente y analizados públicamente por todas las instituciones del Estado, no solo por las ambientales, ya que este es un proceso vinculado a la consolidación de la paz, el desarrollo sostenible y la conservación”.

Del recorrido, que abarcó tres departamentos (Meta, Guaviare y Caquetá) y ocho municipios, también hicieron parte delegados de la Procuraduría General de la Nación.