–La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP resolvió de manera definitiva la situación jurídica de 15 exintegrantes de los Batallones de Contraguerrilla No. 26 y No. 79 del Ejercito Nacional procesados por los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, o «falsos positivos», entre 1997 y 2007, en el Caso Conjunto del Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. La decisión fue adoptada por la magistrada Claudia Rocío Saldaña Montoya y el magistrado José Miller Hormiga Sánchez, de la Subsala Especial de Conocimiento y Decisión Costa Caribe – Cementerio las Mercedes de Dabeiba, de la Sala de Definición de la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz explicó que la Sala de Definición concedió el beneficio de renuncia a la persecución penal a estos militares retirados, tras el aporte de información sobre su participación en el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, desaparición forzada y privación grave de la libertad, además de otros delitos de menor entidad.

Añadió que este beneficio les permite a los comparecientes rehacer plenamente sus vidas porque hay extinción de la responsabilidad y sanción penal, y se eliminan los antecedentes judiciales, conforme a las normas vigentes en la Constitución y el Acuerdo Final de Paz.

Con esta decisión se eliminan las condenas penales y las sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales, así como cualquier responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa o fiscal derivada de su participación en los hechos. Este beneficio también prohíbe que, por estos hechos, se pueda volver a abrir alguna investigación de cualquier tipo en su contra y ordena que se eliminen sus antecedentes.

La decisión de la Sala de Definición de la JEP sienta un precedente, tanto a nivel nacional como internacional, en la resolución de la situación jurídica de partícipes no determinantes en crímenes internacionales. Se fundamenta en el marco constitucional y legal, así como en el análisis de decisiones clave de la Corte Constitucional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, y los instrumentos del derecho internacional, reforzando la protección constitucional de personas en especial condición de vulnerabilidad. Su importancia radica en que, por primera vez en la justicia transicional, se establece un régimen no sancionatorio que permite resolver la situación jurídica de quienes, sin ser máximos responsables, participaron en graves crímenes.

La audiencia pública contó con la participación del presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, quien destacó que “el caso conjunto del Cementerio Las Mercedes ha marcado varios hitos, pues demostró que la implementación del Acuerdo Final de Paz es exitosa, que se puede superar con creces el umbral de verdad de la justicia ordinaria y que la impunidad puede ser derrotada».

También en este espacio el secretario Ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, y el magistrado de la Sección de Reconocimiento de Verdad, Juan Ramón Martínez, presentaron el proyecto restaurativo ‘Abriendo caminos para la reconciliación y la paz en los territorios’, apoyado y financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude).

Este proyecto restaurativo, en el que participarán comparecientes hallados como máximos responsables, consistirá en “erradicar y mitigar los efectos nocivos de una de las secuelas más dañinas del conflicto armado en Colombia: las minas antipersonales», dijo el magistrado Martínez, quien añadió que la acción integral contra minas ha demostrado ser una de las labores con mayor impacto restaurativo en la experiencia de la JEP.

La magistrada Nadiezhda Henríquez, correlatora del Caso Conjunto del Cementerio las Mercedes de Dabeiba, rindió homenaje a las víctimas, que son el centro de la Justicia Transicional Restaurativa y se dirigió a los comparecientes que han contribuido al proceso con valentía y respeto hacia las víctimas.

Los momentos de la audiencia

En la audiencia pública, la Sala de Definición de la JEP, verificó que los comparecientes cumplieron el régimen de condicionalidad al aportar a la verdad, a la reparación y a la no repetición. La magistratura de la JEP también puso fin al proceso transicional de un miembro del Ejército Nacional al comprobar que no había tenido participación en los hechos y precluyó la investigación transicional en su favor.

Durante la audiencia los magistrados de la JEP revelaron y relataron detalladamente los 14 hechos que pudieron ser reconstruidos a partir de los testimonios y las declaraciones de los comparecientes, esclareciendo las circunstancias en las que 29 personas fueron asesinadas y desaparecidas en los municipios de Dabeiba e Ituango, Antioquia. Dos de las víctimas fueron menores de edad de 17 y 13 años.

A consideración de los magistrados Claudia Rocío Saldaña Montoya y José Miller Hormiga Sánchez de la Sala de Definición, la verdad revelada por parte de los 15 comparecientes, y sometida al juicio de la JEP, superó con creces el umbral de verdad procesal establecido en la jurisdicción ordinaria, pues la gran mayoría de los casos revelados en la audiencia no habían sido investigados.

Durante la primera etapa de la audiencia pública, los militares retirados se pusieron de pie frente a las víctimas y ratificaron que los hechos ocurrieron tal y como fueron relatados por la magistratura. Admitieron su responsabilidad y restauraron el buen nombre de las 29 víctimas enfatizando que las personas asesinadas no eran guerrilleros, sino campesinos, civiles en busca de trabajo, o habitantes de la calle con el fin de dar resultados operacionales. Los militares mostraron su arrepentimiento, pidieron perdón y reconocieron la magnitud del daño que les habían causado.

Honrando la centralidad de las víctimas en la Justicia Transicional Restaurativa, durante la diligencia judicial también se presentaron fotografías de cada víctima directa, mientras se reconstruía su historia de vida: a qué se dedicaban, cuáles eran sus gustos y cómo eran recordados por sus familiares. Los familiares de las víctimas directas expresaron el daño que el Estado les había ocasionado, se refirieron a su proceso de sanación y restauración y dignificaron el buen nombre de sus seres amados.

Estos relatos se hicieron para dignificar a las víctimas directas del Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes. Ellos son: el joven Edinson Lexander Lezcano Hurtado, el joven Jael Antonio Gómez Varela, el joven José Abdon George Mora, el joven Ricardo Antonio Úsuga Oquendo, el señor Antonio Pacífico Sucerquia García, el joven Arley Darío Rojas Graciano, el señor Roberto de Jesús Garcés Barrera, el joven Isidoro de Jesús Cardona, el menor de edad Diofanor Guisao Ríos, la niña María Senéida Areiza, el joven Isaías Rueda Cardona, el joven Jorge Andrés Ortiz Zapata, el joven Wilber Yovany Muñetón Mendoza, el joven Rodrigo Humberto Torres Múnera y el joven Wilmar Alberto Trujillo Vallejo. Y otras 15 personas aún sin identificar, quienes también fueron víctimas de estos hechos.

El segundo momento de la audiencia pública fue dedicado al proceso restaurativo que, por cinco meses, la JEP ha adelantado con apoyo de la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa para contribuir a sanar el daño causado, reconstruir el tejido social y hacer posible este encuentro entre víctimas y comparecientes.

“En los primeros espacios con los comparecientes, cuando preguntamos la razón por la que llegan al proceso, ellos respondían que buscaban resolver su situación jurídica», dijo en la audiencia Ariel Sánchez, jefe de la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa de la JEP. Agregó que, “a través del tiempo, este trabajo y la posibilidad de hablar con los familiares de las víctimas, les ha permitido comprender que la solución de su situación jurídica podrá ser el efecto, pero no el propósito de su participación. El propósito que finalmente identifican es buscar cómo resarcir todo aquello que fue roto y cómo ayudar a construir un futuro diferente para ellos, para las víctimas y el Territorio».

En estos encuentros restaurativos y en acuerdo con las víctimas, los comparecientes se comprometieron a llevar a cabo una acción restaurativa para reafirmar su compromiso con la reparación y la no repetición, y devolver el buen nombre de las víctimas. La iniciativa, que consistirá en la creación de una exposición itinerante que pueda recorrer varios municipios de Antioquia, y posiblemente otros departamentos de Colombia, visibilizará lo ocurrido en el Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes. Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), se comprometió con la financiación y con el apoyo técnico y operativo para llevar a cabo esta acción reparadora.

El procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal, enfatizó en la importancia de la seguridad jurídica tanto para víctimas como para comparecientes, señalando que esta es una audiencia clave para cerrar la posibilidad de procesos judiciales en otras instancias. Añadió que, de esta manera, avanza la definición de responsabilidades y el cumplimiento de compromisos de reparación para las víctimas.

En un último momento de la audiencia pública, la magistrada Claudia Rocío Saldaña y el magistrado José Miller Hormiga Sánchez de la Subsala Especial de Decisión y Conocimiento Costa Caribe – Cementerio las Mercedes de Dabeiba de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP firmaron la Resolución SCCCM.SDSJ N°.1000, materialmente sentencia, por medio de la cual se resolvió de manera definitiva la situación jurídica de los 15 comparecientes de la fuerza pública con el beneficio de la renuncia a la persecución penal.

La ruta no sancionatoria de la JEP ofrece a estos exintegrantes de la fuerza pública una alternativa para saldar sus deudas con la justicia, las víctimas y la sociedad. Dejar sus expedientes sin registros penales o administrativos les facilita mantener su compromiso con la no repetición pues posibilita su acceso a nuevas ofertas de empleo y de estudio, que los alejan de la posibilidad de acudir a acciones ilegales en el futuro.

Memoria para dignificar y palabras de las víctimas

Como se relató, esta audiencia contó con varias acciones de memoria en homenaje a las víctimas. Además de la reconstrucción de sus historias de vida. En este espacio se instaló el ‘Sendero de memoria’: un camino marcado por faroles de luz, fotografías de las víctimas identificadas y siluetas simbolizando las personas sin identificar.

También se rindió un homenaje especial a las víctimas que se encuentran desaparecidas y a los cuerpos sin identificar. Se hizo énfasis en la obligación adquirida en el Acuerdo de Paz de continuar buscando a las víctimas cuyo paradero aún se desconoce. Entregar sus cuerpos a las familias se considera un acto humanitario elemental para reestablecer su dignidad y ayudar a sanar el dolor de quienes los buscan.

Respecto a ello, la señora Luz Amparo Mejía, integrante de la organización de Madres Buscadoras de la Candelaria Línea Fundacional dijo: “En este día único, las buscadoras queremos entregarles a ustedes como comparecientes un botón que significa ese pacto que hoy hacemos por encontrar a cada uno de los desaparecidos. Esperamos que cuando lo vean se acuerden de este día porque ustedes son ejemplo en la búsqueda de la verdad». La señora Mejía además agradeció a la magistratura y a las organizaciones que unen esfuerzos para que estos hechos no se repitan y “para que las nuevas generaciones puedan tener un mundo mejor».

Además, en la audiencia intervinieron representantes de las organizaciones Ave Fénix y Everyday Homeless como voceras de las víctimas que eran habitantes de calle. La señora Omaira Montoya se dirigió a los comparecientes diciéndoles: “Gracias a Dios por este momento tan restaurativo, yo les pido en nombre de todas las familias habitantes de la calle que no saben dónde están sus seres queridos que me den un abrazo, no me miren a mí, miren a las familias que están esperando que los hijos aparezcan y yo los abrazo en nombre de esas familias perdonándolos».

María Leonarda Rojas Graciano, hermana de la víctima Arley Darío también dijo en la audiencia: “Hoy llegó el momento de que ustedes digan ante el país que mintieron. Que esas personas que un día señalaron como insurgentes eran personas inocentes, nobles y trabajadoras. Llegó el momento de la verdad y que ustedes mismos limpien la honra y dignidad de nuestros seres queridos».

En las palabras de las víctimas también se vio reflejado el alivio que la Justicia Transicional Restaurativa trae para ellas. Así lo expresó Claudia Úsuga, hermana de Ricardo Antonio: “Quiero decir que estoy muy agradecida con todos ustedes. Me voy contenta, me siento más sana, como si hubiera descargado un gran peso».

Además, las víctimas reconocen que el camino de la verdad y la justicia no es fácil, pero es necesario para llegar a la sanación. En palabras del señor Víctor Garcés Barrera, hermano de Roberto de Jesús: “El camino que hemos recorrido para llegar a conocer la verdad ha sido espinoso, fuerte y doloroso para todas las víctimas. Por mi parte, yo sabía que podía sanar mi corazón viéndome cara a cara con los que les hicieron daño a los míos y escuchando de su propia boca que dicen la verdad y se declaran responsables de sus asesinatos, por eso, cuando finalmente la verdad comenzó a salir a la luz y los comparecientes asumieron sus responsabilidades y las víctimas directas fueron reconocidas como tal, la verdad me dio la oportunidad de llorar, de gritar, expresar mi enojo y comenzar el camino de la sanación de mi alma y el descanso de mi alma y el alma de mi hermano».

El señor Garcés Barrera concluyó, diciendo: “Estoy muy agradecido con la JEP porque hemos recibido muy buena atención y esperando llegar a un futuro mejor. Nos sentimos ayudados también para enfrentar situaciones difíciles. Gracias a los comparecientes por decir la verdad, solamente la verdad, les agradezco por igual a todos como si fuéramos familia. Gracias».