–La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y a siete exfuncionarios de la administración municipal, por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad para restituir ilegalmente un lote.

Asimismo, fueron judicializados tres particulares que, al parecer, se beneficiaron de manera irregular de la devolución del predio de uso público.

Los elementos materiales probatorios indican que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de conciliación prejudicial los exservidores habrían intentado favorecer económicamente a los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles 40.509.311.965 de pesos, que correspondían al valor del predio.

La Fiscalía evidenció que, ante el fracaso de ese trámite, el exmandatario y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, al parecer, expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del predio, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Medellín imputó a Quintero Calle y García Trujillo los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción.

Por estos mismos hechos, y de acuerdo con su posible participación, fueron imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos el exsecretario de Gestión y Control Territorial y secretario General (e), Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz; la exsubsecretaria de Ejecución Contractual y Secretaria General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; y la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores, Leidy Jiménez Echavarría.

Estas personas habrían participado en diferentes irregularidades durante el proceso de la conciliación extrajudicial, para la modificación de la escritura pública de cesión gratuita a compraventa, la expedición del avalúo catastral por encima de lo previsto, la anulación de conceptos jurídicos negativos sobre el trámite, o la aprobación de la propuesta de pago a favor de los particulares, entre otras.

La mencionada conciliación fue declarada improcedente por el Consejo de Estado, que indicó que el bien ya hacía parte del patrimonio de Medellín, razón por la cual no se podía comprar.

Por esta misma investigación, fueron imputados por el delito de peculado por apropiación Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, quienes aún tienen en su poder el predio.

Ninguno de los 11 judicializados aceptó los cargos imputados.