Mediante la promulgación del Decreto 1364 del 25 de abril de 2008, el Gobierno asumió el poder discrecional para retirar la postulación de una persona de la Ley de Justicia y Paz.

La norma, que adiciona el artículo tercero del Decreto Reglamentario 4760 del 30 de diciembre de 2005, establece que: “El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, podrá retirar la postulación que haya remitido a la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con el presente artículo, cuando considere que el desmovilizado ha incumplido con los compromisos de no incurrir en nuevas conductas delictivas”.

Agrega que: “En cuyo caso, el Fiscal General de la Nación ordenará cesar de inmediato toda actuación que se tramite en el marco de la Ley 975 de 2005 con relación a esa persona, e informará a las demás autoridades judiciales para los efectos legales correspondientes”.

El presidente Alvaro Uribe precisó que “así como el Gobierno es competente para proponer quién es elegible para la Ley de Justicia y Paz, el Gobierno, como director del orden público, también es competente para retirar a una persona de la Ley de Justicia y Paz. Yo les pido a los jueces y magistrados de Colombia que, por favor, no le quiten esa competencia al Gobierno” reiteró Uribe Vélez.