La senadora opositora Piedad Córdoba acusó hoy al presidente Álvaro Uribe de tener nexos con los grupos paramilitares de derecha y dijo que las acusaciones que la relacionan a ella con la guerrilla de las FARC son para “tapar” los “escándalos” del Gobierno y los políticos aliados.

“Una cosa que digo para que quede bien claro, por si quieren hacer más montajes, que lo sigan haciendo: todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe”, expresó la legisladora del Partido Liberal.

La respuesta de Córdoba se dio tras cuestionarla sobre unas denuncias hechas la semana pasada según las cuales ella mantenía desde el 2004 gestiones con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para promover un futuro Gobierno revolucionario y que era conocida dentro del grupo como “Teodora”.

Piedad Córdoba gestionó junto con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la liberación de varios políticos secuestrados por las FARC entre agosto y noviembre del año pasado, a petición de Uribe.

Pero el presidente colombiano canceló dicha gestión molesto porque contactaron a militares colombianos sin su consentimiento.

Los cargos contra la senadora Córdoba se hicieron luego de que las autoridades revisaran un computador personal al parecer perteneciente al segundo jefe en importancia de las FARC Luis Edgar Devia, alias “Raúl Reyes”.

Este rebelde y otras 25 personas murieron el pasado 1 de marzo en una incursión de militares colombianos contra un campamento ilegal de las FARC situado en territorio ecuatoriano.

Piedad Córdoba acusó al presidente Uribe de “tapar el escándalo de su amiga” la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, a quien se investiga por presuntas reuniones con jefes paramilitares.

Unas acusaciones similares desataron a finales del 2006 el escándalo conocido como la “parapolítica”, por el que han sido detenidos 33 parlamentarios acusados de tener relaciones con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta organización, acusada de crímenes de lesa humanidad, celebró conversaciones con el Gobierno entre el 2003 y el 2006 y desmovilizó a más de 31.000 combatientes.

Información EFE