A propósito de la actual intervención a la Dirección Nacional de Estupefacientes, ésta sana política también fue puesta en práctica durante el año que me desempeñé como Director de esa entidad, a fin de perseguir el flagelo de la corrupción que ha sido una constante en la existencia de la DNE, lográndose resultados que se reflejan entre otros hechos, en:
Se solicito por parte de mi despacho el pasado 3 de marzo de 2010 la intervención de la Fiscalía General de la Nación, al sistema de información interno de la entidad FARO para que verificara la existencia de irregularidades o actos de corrupción en el mismo. Como resultado de la mencionada solicitud hecha por mi despacho, el CTI ha venido adelantando las diligencias pertinentes, entre ellas, visita de inspección al sistema de información interno FARO realizada en el mes abril del presente año, con investigación formal (actualmente en curso) respecto de presuntas irregularidades en esta materia.

Es importante advertir que estos hechos no fueron puestos en conocimiento de funcionarios de la DNE, ni de la opinión pública, para mantener la reserva de la investigación y evitar interferencias en la misma.

Se presentaron aproximadamente ciento cuarenta 140 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con corrupción en el manejo de bienes, tales como peculado por apropiación, fraude a resolución judicial, abuso de confianza, invasión de tierras, concusión, falsedad en documento, hurto agravado, cohecho, estafa, usurpación de funciones, entre otros; de ellas y dada su importancia me ocupé personalmente de formular cerca de cincuenta (50) denuncias ante los diferentes organismos de control, por ello en la actualidad se encuentran en curso múltiples investigaciones con sólidos elementos probatorios para la determinación de las conductas punibles que hayan podido cometerse respecto de los bienes dejados a disposición de la DNE.
Así mismo, a través de la secretaria general de la DNE se solicitó la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación para los procesos de adjudicación y venta de los principales activos de la DNE, tales como, el hotel el prado, hotel mar azul, millonarios, etc., y para la entrega de bienes a la sociedad de activos especiales SAE, de lo cual puede dar fe el Despacho del señor Procurador General de la Nación.
Por otra parte, el pasado mes de mayo se le hizo entrega a la Policía Nacional de la base de datos del sistema de información FARO para que fuera replicada a los Comandantes de Departamento a fin de que verificaran e inspeccionaran los bienes a cargo de la DNE.

Adicional a la mencionada intervención, se suscribió contrato interadministrativo con la sociedad de activos especiales SAE para la administración y venta de todos los bienes inmuebles a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, generando como efecto la remoción administrativa de custodios y depositarios provisionales de doce mil inmuebles (12.000) en todo el territorio nacional y el proceso de entrega física de los mismos a la SAE, en aproximadamente cinco mil (5.000) bienes hasta la fecha en que me desempeñé como Director, entre ellos aproximadamente 2300 fincas equivalentes más o menos a 200.000 hectáreas, con lo cual también se logró en gran parte el saneamiento de los bienes rurales y además que la SAE asumiera la administración de los bienes urbanos, todo ello acatando la política del gobierno nacional fijada por el señor Presidente de la Republica y ordenada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por el Ministro o el Viceministro de Justicia, el Ministro o el Viceministro de Protección Social, la Cancillería, el Ministro o Viceministro de Educación Nacional, el Procurador General de la Nación o el Procurador Delegado para la Policía Judicial, el Fiscal General de la Nación, el Ministro de Defensa, el Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad o el Jefe de la División de Policía Judicial del mismo y el Director General de la Policía Nacional o el Director de Policía Judicial e Investigación (DIJIN).

Es importante tener en cuenta que los esfuerzos de anticorrupción y de mejoramiento de la gestión administrativa, vieron su resultado en la auditoria que de manera regular y periódica realiza la Contraloría General de la Republica, a tal punto que para el período 2009 por primera vez se alcanzó el fenecimiento de la cuenta una vez auditadas todas las áreas de la DNE, hecho histórico que durante los 20 años de auditoría a la DNE jamás se había logrado. Igualmente y para su correspondiente pronunciamiento, el mencionado ente de control hasta la fecha de mi retiro se encontraba realizando vista especial al grupo de sociedades para efectos de auditar y verificar los estados financieros y contables de las sociedades y establecimientos de comercio dejados a disposición de la DNE.
Para garantizar la transparencia y publicidad en el manejo de los bienes, también se estableció el mecanismo de convocatorias públicas para la selección de depositarios provisionales de las sociedades, divulgadas en medios escritos de de amplia circulación como son diarios de circulación nacional y pagina web de la Entidad, a fin de conformar un registro de elegibles con requisitos técnicos y profesionales adecuados para la administración de los bienes en cuestión. De este listado de elegibles se seleccionaban los administradores a través de un comité conformado por la Secretaria General de la DNE, la Subdirección de Bienes y la Subdirección Jurídica del mismo ente, con el objetivo de tercerizar la administración de los bienes en aplicación a las normas que rigen esta figura como son Ley 785 de 2002 y Decreto 1461 de 2000, mecanismo diseñado para atender la ausencia de capacidad instalada que la SAE presentaba en lo referente a la administración de sociedades y sus activos al momento de la suscripción del contrato con ésta, razón por la cual dicho contrato no cobijó en su primera fase la administración de este tipo de bienes.
Otro mecanismo para garantizar la transparencia en el manejo de los bienes, consistió en comunicar por escrito todos y cada uno de los actos administrativos expedidos durante mi gestión a la Fiscalía General de la Nación Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de activos, a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, a los entes de vigilancia y control como son las superintendencias del respectivo ramo y a las Cámaras de Comercio; todo lo anterior con el fin de dotar de publicidad y oponibilidad a los mismos.
De igual manera, como requisito previo a la expedición de los actos administrativos de nombramiento de depositarios provisionales y venta de bienes, se solicitó el registro de antecedentes por delitos de narcotráfico y conexos a los organismos de inteligencia del estado tales como DAS, DIJIN, INTERPOL y Consulta a la Base de datos de la OFAC, para así poder garantizar mayor transparencia en la selección de los depositarios provisionales y compradores de estos bienes.
Para alcanzar mayores niveles de eficiencia se pidió al Departamento Nacional de Planeación la restructuración de la DNE, con miras a optimizar la estructura y capacidad organizacional de la Entidad.
Así las cosas, tales actuaciones fueron encaminadas a buscar una mayor transparencia en la administración de los bienes en cuestión, sin pretender que estas sean la solución de fondo, toda vez que la Dirección Nacional de Estupefacientes no cuenta con herramientas jurídicas ni funciónales suficientes para abarcar y controlar los cerca de setenta y seis mil (76.000) bienes que administra, con un personal insuficiente de 150 personas en su planta de personal de los cuales tan solo 33 se encuentran en la Subdirección de Bienes.