El ex presidente Alvaro Uribe criticó a mediados de semana a la justicia de Colombia, al defender que sus ex funcionarios soliciten asilo político por supuesta persecución, lo que generó días después el rechazo de su sucesor y delfín político Juan Manuel Santos.

«Colombia es una democracia que funciona, y las democracias que funcionan les dan garantías a sus ciudadanos, garantías de todo tipo», dijo Santos en una rueda de prensa, al responder un comunicado del ex mandatario.

«Nadie puede sostener ante un tercer país que aquí no hay garantías suficientes para ser juzgado debidamente», subrayó Santos en la conferencia en la que le acompañaba su par chileno Sebastián Piñera.

Santos respondió así a un comunicado de Uribe, en el cual el ex mandatario aseveró que algunos ex funcionarios de su gobierno le han dicho que «no tienen garantías en la justicia», y que por ello ha «compartido y apoyado que busquen asilo».

La declaración de Uribe se produjo luego de que la semana pasada la ex directora del servicio secreto DAS, María del Pilar Hurtado, a quien indaga la Fiscalía por un escándalo de escuchas ilegales a magistrados, políticos y periodistas que también toca al ex mandatario, consiguiera asilo en Panamá.

«Muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas. Hay imputaciones basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales», dijo Uribe, que dejó el gobierno en agosto al cabo de ocho años.

El comunicado también fue rechazado por el fiscal general Guillermo Mendoza, quien dijo que se presenta «una paradoja curiosa o complicada. Por un lado se nos dice que no hay garantías, y por otro algún sector de la opinión nos critica porque dimos tantas garantías» que Hurtado pudo asilarse.

El ministro del Interior y Justicia Germán Vargas aseveró que la justicia en Colombia es «autónoma e independiente y ofrece todas las garantías debidas».

El asilo a Hurtado, justo cuando la Fiscalía estaba próxima a tomar una decisión sobre si le imputaba, ha sido duramente criticado en Colombia, y el gobierno de Santos reprochó no haber sido informado previamente por Panamá de esa decisión.

En su comunicado, Uribe aseveró que «el Estado de Derecho no se desfigura por el asilo, que hace parte de la normatividad internacional y doméstica».

Además, criticó a la Corte Suprema de Justicia, al asegurar que «incurre en un error esencial de hecho al impulsar sin fundamento la hipótesis de un propósito criminal en la presidencia para desacreditar al órgano de justicia».

Según las investigaciones, el DAS infiltró a la Corte Suprema y habría intentado una campaña de descrédito contra algunos magistrados.

«No hay una sola prueba contra alguien de la presidencia sobre esta acusación. Nuestra deliberación ha tenido intenciones de bien común, nunca criminales», enfatizó.

El Procurador General de la Nación (Ministerio Público), Alejandro Ordoñez, rechazó las afirmaciones de Uribe, y tras calificar su declaración de «ligera e irresponsable», le «exigió» que «guarde la compostura propia de un ex presidente de la República», en una carta pública dirigida a Uribe.

En el marco de ese escándalo, el pasado 4 de octubre la Procuraduría sancionó a Bernardo Moreno, ex secretario general de la presidencia de Uribe, con su destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 18 años.

El escándalo del DAS, organismo que depende directamente de la presidencia, apunta a Uribe, a quien algunas víctimas acusan de haber ordenado el espionaje de sus detractores y por lo cual le investiga una comisión del Congreso desde octubre.

Sectores de la oposicion colombiana y panameña han sugerido que fue el propio Uribe quien aconsejó a Hurtado solicitar el asilo.AFP