Son siete los supuestos integrantes de la banda terrorista ETA de España, deportados a Venezuela en 1989, que trabajan en el gobierno del presidente Hugo Chávez, según lo aseguró hoy el ex ministro de Información y Turismo y ex embajador de Venezuela ante la ONU Diego Arria.

El dirigente político venezolano hizo la declaración hoy ante el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que investiga los supuestos vínculos entre la ETA y la guerrilla colombiana de las Farc y su presencia en territorio venezolano.
Arria sostuvo concretamente que además de Arturo Cubillas otros seis etarras deportados a Venezuela en el 89 trabajan para el gobierno de Hugo Chávez.

Arria, que declaró durante algo más de una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, admitió en declaraciones a los periodistas tras su comparecencia que no conoce a Arturo Cubillas, considerado el “enlace” de ETA en Venezuela, y que no ha podido aportar al magistrado ningún dato sobre las relaciones de éste con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El diplomático dijo que Cubillas, como jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de Venezuela, es el responsable de los “cuerpos de asalto” que se encargan de la expropiación de fincas, y que son más de trescientos los pequeños o medianos agricultores de nacionalidad española que han perdido sus tierras.

Según Arria, que afirmó que no sabe si las fincas expropiadas se utilizan para el entrenamiento de terroristas, los funcionarios del INTI aunque son civiles actúan siempre en colaboración con el Ejército, por lo que Cubillas tiene una gran relación con estamentos militares, destacó Efe.

También aseguró que, además de Cubillas, otros seis etarras deportados en 1989 a Venezuela trabajan para el Gobierno de Hugo Chávez, algunos también en el INTI.

El diplomático señaló que ha recibido los testimonios de muchas personas que “comienzan a triangular una serie de vinculaciones entre narcoterroristas de las FARC, personas vinculadas al Gobierno venezolano y ETA”.

“La llave (sobre esas relaciones) la tiene el Gobierno de Colombia”, dijo Arria, que subrayó que, además de a Cubillas, el Ejecutivo de Caracas ha concedido la nacionalidad venezolana al dirigente de las FARC Rodrigo Granda.

Fuentes jurídicas presentes en la declaración confirmaron a Efe que el testimonio de Arria no reveló nuevas informaciones útiles para la investigación, aparte de entregar varios informes “de personas vinculadas a la inteligencia venezolana en etapas anteriores” sobre los cargos públicos que varios etarras o sus familiares ocupan en la actualidad.

Arria dijo que cuando Cubillas llegó a Venezuela junto a otros 33 etarras, a los que después se sumó otro grupo procedente de Cuba, se creó una unidad policial para su seguimiento y control que fue “desmantelada” tras la llegada de Chávez al poder.

“Chávez les dio plena libertad de acción en Venezuela”, señaló el testigo, que dijo que la mayoría de los deportados están integrados en la sociedad venezolana.

Arria declaró en calidad de testigo a petición de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, personadas como acusación popular en la causa, en la que está procesado Cubillas.

El juez también tiene previsto tomar declaración al general venezolano Néstor González, refugiado en Costa Rica y que testificará por videoconferencia, ya que el Gobierno de Chávez ha dictado contra él una orden internacional de búsqueda y captura que impide su desplazamiento a España.