El Procurador General, Alejandro Ordóñez, presentó un documento de 45 páginas en el que le informa a la Corte Constitucional las razones por las que aún no se han realizado las campañas educativas reproductivas y del aborto solicitadas por el alto tribunal.

Según expresó el Procurador, tanto “la Corte tiene el derecho de hacer seguimiento a sus decisiones y yo tengo derecho a pedir las aclaraciones y hacer las peticiones pertinentes”.
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Según el propio Ordoñez, es válido objetar las determinaciones judiciales haciendo uso de los recursos procesales que otorga la Ley a quienes no comparten las decisiones.

Para el alto funcionario es plenamente válido objetar y disentir las determinaciones judiciales, y de ahí que se valga de los recursos procesales otorgados por la Ley para que se pongan a consideración los argumentos de quienes no comparten la esencia de esas decisiones.
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En el auto 327 del 1 de octubre de 2010, la Corte Constitucional había hecho un llamado al Procurador para que acatara su decisión de diseñar y realizar una campaña para formar a jóvenes en materia sexual, haciendo énfasis en la práctica del aborto bajo las tres circunstancias permitidas: violación, riesgo de la salud de la madre o malformación del feto.