La demanda de extradición presentada por Suecia contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por presuntos delitos sexuales será examinada por la justicia británica el 7 y 8 de febrero, confirmó este martes un juez durante una vista relámpago en un tribunal de Londres.
El australiano, de 39 años, se declaró “muy contento” con el resultado de la vista, durante la cual el juez Nicholas Evans modificó también ligeramente las condiciones de su libertad para que pueda dormir en la capital en los días en los que debería decidirse sobre su extradición.
“La única variación en su libertad es que en las noches del 6 y de 7 de febrero podrá usted residir en el Frontline Club de Londres”, declaró el juez en esta sesión de trámite de 10 minutos de duración en el tribunal de Woolwich, en el sureste de Londres, antes de citarlo para la mañana del 7.
El Frontline Club es el club de periodistas fundado por su amigo Vaughan Smith, igualmente propietario de la mansión campestre donde Assange reside desde que el juez le concedió la libertad bajo fianza el 16 de diciembre.
Assange niega las acusaciones de supuestos delitos sexuales contra dos mujeres por las que Suecia pide su extradición para interrogarle y estima que el caso está políticamente motivado tras la difusión en WikiLeaks y varios prestigiosos diarios de miles de cables confidenciales de la diplomacia norteamericana y documentos secretos sobre las guerras de Irak y de Afganistán.
“Nuestro trabajo con WikiLeaks no ha disminuido y estamos incrementando la publicación de asuntos relacionados con el ‘cablegate’ y otros materiales”, declaró a los periodistas fuera del tribunal, precisando que éstos estarían disponibles “en breve”.
Los abogados de Assange agotarán todos los recursos para evitar su extradición a Suecia, a cuya fiscalía acusan de “abuso de derecho” y de conducta “ilegal y/o corrupta” por no divulgar toda la documentación sobre el caso y rechazar las reiteradas ofertas para interrogarle, según un esbozo de los argumentos que presentarán durante el proceso.
En un documento publicado este martes, la defensa alega también que en caso de extradición “existe un riesgo real” de que Assange termine “detenido en Guantánamo” o “expuesto a la pena de muerte” en Estados Unidos.
El vicepresidente norteamericano, Joe Biden, confirmó recientemente que el departamento de Justicia buscaba vías legales para acusar a Assange, a quien calificó de “terrorista de alta tecnología”.
Assange, que pasó nueve días en prisión, fue liberado el 16 de diciembre tras pagar una fianza de 200.000 libras (310.000 dólares, 240.000 euros) más dos avales de 20.000 libras, y aceptar condiciones estrictas que incluyen el porte de un brazalete electrónico y visitas diarias a la comisaría.
Desde entonces, ha vivido en Ellingham Hall, una mansión de estilo georgiano situada en la frontera de los condados de Suffolk y Norforlk, a 200 km al este de Londres, donde ha podido continuar con su trabajo al frente de WikiLeaks.
El ex hacker se declaró sin embargo pesimista este martes sobre el futuro de WikiLeaks, que según él pierde unos 500.000 euros semanales (650.000 dólares) desde el comienzo del ‘cablegate’.
“No podremos sobrevivir al paso al que vamos (…) El dinero de los donantes tiene dificultades para llegar hasta nosotros porque todas nuestras cuentas están bloqueadas”, declaró a la radio francesa Europe 1. Pero “vamos a tratar de replicar”, agregó.
A esto hay que sumar, además, los gastos legales, que obligaron a Assange a firmar un contrato para escribir un libro autobiográfico, cuya versión inglesa saldrá a la venta en abril.
“No quería escribir este libro, pero tengo que hacerlo. Ya he gastado unas 200.000 libras en costos legales y tengo que defenderme, además de mantener a WikiLeaks a flote”, declaró recientemente al Sunday Times.
AFP
