La Corte Constitucional ordenó, por medio de la Sentencia T-745 de 2010, la suspensión de la obra de adecuación sobre la vía transversal de la Isla de Barú, que es la única ruta de comunicación terrestre con Cartagena y municipios bolivarenses.

Según la Sentencia, la administración del Distrito Turístico no efectuó un real proceso de consulta previa con las comunidades afrodescendientes que habitan la zona de impacto de la iniciativa, por lo que no es válida la adjudicación de la obra.

El costo del proyecto supera los 45.000 millones de pesos, y buscaba reparar y modernizar la transversal que, además, constituye la entrada a los puertos de Isla, Ararca y Santana, en Bolívar.