Según denunció la Contraloría General de La República, el contralor delegado para infraestructura, Nelson Izáciga, fue objeto de amenazas por haber abierto una investigación al Registro Único Nacional de Tránsito.

La funcionaria indicó que las amenazas ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General, al mismo tiempo que manifestó que el sistema tiene graves falencias debido a que no hay control por parte del contratista.

La Contraloría denunció, en días pasados, que el sistema utilizado en el RUNT es vulnerable ya que se presta para que los funcionarios del mismo concesionario puedan acceder a él fácilmente, lo que podría repercutir en casos de corrupción.

Además, encontró irregularidades en las escuelas de conducción y en los requisitos para el adecuado funcionamiento de los centros de reconocimiento de conductores.