La Contraloría General de la República investiga el paradero de un arsenal de armas utilizadas para la seguridad en esa entidad.

Según se conoció, las armas no aparecen desde hace cuatro años y según la contralora general, Sandra Morelli Rico, estas podrían haber sido fundidas, pero aún no se han encontrado las actas respectivas.

La Contralora ha detectado un posible detrimento patrimonial de 700 millones de pesos.