La llegada de ‘exparamilitares’ a la política está enredando el nuevo marco legal para la paz, iniciativa que encabeza el senador Roy Barreras y que pretende darle herramientas legales al Ejecutivo para que pueda garantizar una eventual desmovilización masiva de los grupos ilegales y cerrar el ciclo de la violencia.

El punto que más ha generado polémica es el segundo artículo, que busca agregar un párrafo al artículo 122 de la Constitución, al proponer que los desmovilizados en un proceso de paz y condenados por delitos graves podrán ser elegidos o ser funcionarios o celebrar contratos con el Estado.

El ponente del proyecto defendió la iniciativa al manifestar que está totalmente descartado que los exparamilitares condenados por crímenes atroces tengan beneficio alguno en materia política y que por lo tanto nunca llegarían a ocupar cargos públicos.

Según Barreras, el proyecto se aplicaría a las futuras desmovilizaciones por lo que no cobijará a autores de crímenes atroces, como los sucedidos durante el auge de las AUC.

Por su parte el presidente de la Cámara, Simón Gaviria dijo que lo que se busca es un marco político parecido a lo que sucedió con los desmovilizados del M-19, como es el caso del actual gobernador de Nariño, Antonio Navarro.

Exparamilitares piden poder ser elegidos a cargos de representación popular

En concordancia con una reforma constitucional, propuesta por el senador Roy Barreras, Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’, solicitó que se le permita a los desmovilizados de las autodenfensas, la participación en política con el fin de que puedan ser elegidos a cargos de representación popular.

Así lo hizo saber el excomandante paramilitar a través de una carta en la que afirma que apoya el artículo de la iniciativa que crea un marco de justicia transicional para que los que hayan hecho parte del conflicto y que se hayan sometido a la ley, puedan llegar a ser concejales, alcaldes, diputados, senadores, etc.

En la misiva el exparamilitar señala que el proyecto es realista y conducente ya que hace “posible la participación política, de las personas que han expresado su voluntad de Paz, han desistido definitivamente de la guerra como opción política y han abrazado la democracia, cumpliendo plenamente con las exigencias de la convivencia en sociedad”.

“Estamos convencidos que ahora tras nuestra desmovilización, podemos ser útiles a la Nación y demostrar con apego a la Ley que los Derechos Civiles y Políticos, no tienen distingo de razas, discursos o pensamientos ideológicos”, puntualiza.

Según el experto en justicia transicional Michael Reed, consultado por la Revista Semana, la reforma constitucional para encarar un eventual proceso de paz es “antitécnica, innecesaria, confusa” y está mal argumentada.

Reed advierte que el proyecto está mal enfocado porque en vez de fortalecer al Estado, lo debilita.