Política

Ley de desmovilizados continuará motivando la reinserción: Vargas Lleras

El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, manifestó su satisfacción por la decisión de la Corte Constitucional de declarar exequible la Ley 1424 de 2010 o Ley de desmovilizados, que permitirá sacar del limbo jurídico a cerca de 26 mil ex integrantes de la Autodefensas Unidas de Colombia.

El alto funcionario recordó que el actual Gobierno logró sacar adelante esta norma, tras los tras pies sufridos por otras iniciativas que fueron tumbadas por las Altas Cortes.

“De todos los ensayos y esfuerzos que se han hecho para reglar la materia, esta es la primera Ley que pasa el control de la Corte constitucional. El país recordara cómo los esfuerzos que se hicieron en relación con los delitos de sedición se cayeron en la Corte Suprema de Justicia y luego se ensayó con el tema de aplicarles el principio de oportunidad y esta medida también fracasó en la Corte Constitucional. Con estos antecedentes a este Gobierno le correspondió impulsar y tramitar en 15 días la Ley 1424 y quedo bien hecha. ¡Qué satisfacción que haya pasado el control de constitucionalidad!, manifestó el jefe de la cartera política.

El Ministro Vargas Lleras afirmó que esta Ley es un instrumento clave, que permitirá la adecuada reincorporación a la vida civil de más de 26 mil colombianos que se habían desmovilizado y que no están incursos en la comisión de delitos atroces o de lesa humanidad.

“Esta Ley es muy útil para el país, ya que permitirá que los desmovilizados no vuelvan a delinquir y se mantengan en el Programa Presidencial para la Reinserción. Además es una gran motivación para que quienes continúan en los grupos ilegales dejen las armas y se reincorporen a la sociedad porque es claro el mensaje de que el Estado sí cumple con sus compromisos”, afirmó el Ministro del Interior.

Así mismo, Vargas Lleras anunció que la Fiscalía General de la Nación será fortalecida para que adelante cada uno de los proceso judiciales individuales contra los 26 mil desmovilizados que, a cambio de la suspensión de la pena por no haber cometido delitos de lesa humanidad, tienen el compromiso de contribuir con sus testimonios a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de los actos que cometieron las autodefensas.