Argumentando que no hubo claridad en la condena emitida contra dos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana por la masacre de Santo Domingo, los apoderados de los sentenciados anunciaron una demanda para que se revise la decisión judicial.

Para los juristas, hubo manipulación en la presentación de los informes periciales que llevaron a que se emitiera la condena contra los tenientes de la Fuerza Aérea César Romero Padilla y Johan Jiménez Valencia.

Ellos sostienen que por esta razón, la Fiscalía habría incurrido en los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y manipulación de pruebas de la masacre, ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en el departamento de Arauca.

Según la denuncia, las pruebas presentadas por el ente acusador fueron “falsas y manipuladas” ya que los civiles murieron por un mortero lanzado por la guerrilla y no por una bomba de fragmentación, diseñada en Estados Unidos y entregada a la Fuerza Pública de Colombia.

La Fiscalía recolectó las pruebas y las envió a un Laboratorio de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
Para los juristas, estas pruebas “fueron recolectadas por desconocidos 18 días después de los hechos y no corresponden con las recogidas en diciembre de 1998 por el CTI”.

Además, manifestaron que según el informe, que en los restos fueron hallados rastros de metralla, que es utilizada en bombas de “fabricación casera de la guerrilla”.