El Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa aseguró hoy que la compra de renuncias obligatorias a decenas de trabajadores públicos, especialmente médicos de los hospitales de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, tiene como objetivo dar mayor eficiencia al Estado y abrir paso a los jóvenes recién egresados de las universidades.

El secretario de Comunicación de la presidencia, Fernando Alvarado, en una entrevista radial negó que las vacantes vayan a ser cubiertas con simpatizantes del movimiento oficialista Alianza PAIS, fundado y dirigido por el presidente Correa.

Indicó además que se realizarán concursos de méritos para que personas capacitadas entren a trabajar en el Estado.

“Las vacantes no van a ser para cuotas políticas, en absoluto. Van a ser ocupadas a través de un proceso de verdadera meritocracia”, precisó Alvarado. En igual sentido se pronunciaron los ministros de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, y de coordinación Política, Doris Solís.

Según declaraciones de Solís publicadas este martes por el diario oficialista El Telégrafo durante años el Estado se llenó de gente ineficiente por lo que este Gobierno iba a resolver el asunto. Además, indicó que se han duplicado funciones y en otros casos los cargos ya no son necesarios.

Espinosa, por su parte, dijo que muchos funcionarios públicos reciben 5 salarios básicos unificados por año de trabajo (1.320 dólares) hasta llegar a un tope de 39.600 dólares.

La compra de renuncias obligatorias empezó el viernes pasado en varias instituciones del Estado y continuó ayer, según reportaron los gremios que impulsan protestas callejeras como las ocurridas el lunes tras conocerse que en el hospital Gilbert de Guayaquil fueron despedidos 300 médicos.

El mismo Espinosa informó esta mañana que ayer 700 funcionarios públicos fueron notificados como parte del proceso de cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.

Igualmente dijo que los procesos de compra de renuncias responde a la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 813, publicado el 7 de julio del 2011 en virtud de procesos de reestructuración, optimización de la función pública.

Explicó que este año han salido alrededor de 250 personas por jubilación y que el viernes pasado cerca de 2.000 personas salieron, “Ayer se notificó a 700 personas y hasta fin de año se espera que otras 1.100 dejen el servicio público, la mayoría por jubilación. En total se prevé que 4.700 trabajadores abandonen sus funciones”, concretó.

La posición del gobierno de Correa fue objeto ayer de protestas callejeras e incluso algunos gremios recurrieron a demandas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Quito, una marcha de servidores públicos recorrió el Centro Histórico y llegó al Palacio de Carondelet donde se escucharon discurso en los cuales se pidió al presidente Correa derogar la medida.