Por falta de pruebas, la Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo de Estado que no acatar la denuncia de pérdida de investidura contra ocho congresistas.

Según la demanda, los legisladores habrían incurrido en tráfico de influencias al haber influido en los demás integrantes del Senado para lograr la aprobación de la proposición que preveía el paso de la senadora María Isabel Mejía Marulanda de la comisión IV a la primera, en remplazo del senador Carlos Schultz Navarro quien pasaría a integrar la Comisión IV.

La proposición que fue aprobada en la sesión del 27 de mayo de 2009 fue declarada nula por la Sección Quinta del Consejo de Estado por considerar que los cambios efectuados no se ajustaban al ordenamiento jurídico.

El procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, Isnardo Jaimes Jaimes explicó que durante el proceso no se demostró que con ocasión de la aprobación de dicha proposición, los senadores hubieran recibido para si o un tercero, dinero, dádivas o beneficio alguno por realizar una función de su competencia que se encontraba en su conocimiento o tuvieran que conocer.

Además, resaltó que existe absoluta ausencia de prueba ni siquiera de indicio que señalara la influencia que ejercieron los senadores en los demás congresistas para la aprobación de la referida proposición, por cuanto consta en el acta de la sesión correspondiente que no hubo discusión, ni oposición, ni confrontación de tesis en los distintos sectores políticos que tienen representación en el Senado de la República.

Insistió que no hubo ninguna actividad, lobby o cabildeo para hacer aprobar la proposición y mucho menos para direccionar la voluntad de los demás senadores en la decisión final.

Los senadores vinculados al proceso son: Jorge Aurelio Iragorri Hormaza, Dilian Francisca Toro, Manuel Henriquez Rosero, Piedad Zucardy, Juan Carlos Vélez, Armando Benedetti, Carlos Roberto Ferro y José David Name.