El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, sustentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los argumentos por los cuales el Estado colombiano considera que en el caso Mapiripán se configuran las razones excepcionales que han dado lugar a que esta Corte admita la procedencia de la revisión contra sus propios fallos.

“El Estado se encuentra alarmado por la magnitud de lo hallado en el Informe de Cumplimiento, que a nuestro entender configura una burla al Sistema Interamericano, al Estado colombiano y a los contribuyentes de este país, por los altos costos que estas conductas han acarreado para el erario”, sostuvo el jefe de la cartera de justicia ante este Tribunal.

El Ministro insistió en que la pretensión del Gobierno no es la de abrir una polémica con las víctimas o sus representantes. “Por el contrario, es la más alta consideración y respeto que profesa Colombia hacia la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y el interés en dejar en alto el nombre y la memoria de las verdaderas víctimas de la llamada Masacre de Mapiripán lo que nos lleva a acercamos hoy a la Corte, solicitando la revisión del fallo”.

En una vehemente intervención, el alto funcionario recordó que el Estado colombiano ha demostrado absoluto respeto hacia los procedimientos y fallos judiciales, empeñándose en honrar sus compromisos internacionales frente al sistema. Afirmó también que en ningún momento busca desestimar la responsabilidad del Estado en un hecho tan lamentable como la masacre que tuvo lugar en Mapiripán, Meta.

“A estos hechos delicadísimos, que aún hoy nos conmueven profundamente, no pretendemos restarle ni un ápice de la importancia y gravedad que les corresponden”, indicó Esguerra.

El Estado reconoció su responsabilidad sobre la base de lo probado en los procesos internos adelantados por él mismo. Sin embargo, agregó el Ministro, “Colombia pidió a la Corte desestimar varias de las pruebas y testimonios solicitados, limitar las víctimas a las identificadas en los procesos internos y limitar las reparaciones a 12 víctimas. Además, dejó constancia de que no existía prueba de que la mayoría de las presuntas víctimas residieran en Mapiripán para el momento de los hechos”, recordó.

El Ministro Esguerra se mostró satisfecho por la receptividad de los magistrados.

“En efecto queremos transmitirle al país y a todos los interesados nuestra complacencia por la audiencia que tuvo lugar en la tarde de hoy, por la oportunidad que se nos dio a las partes de este proceso: el Estado colombiano, los representantes de las víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de expresar nuestras opiniones, nuestra posición, nuestras consideraciones, nuestros argumentos.

En este orden de ideas, el alto funcionario explicó que el Gobierno pudo plantear y compartir con la CorteIDH la preocupación al comprobar que algunas de las pretendidas víctimas de la masacre de Mapiripán no fueron tales, “ni el número de muertes ni algunas de las torturas de las que se había hablado, y que por consiguiente las indemnizaciones que se pagaron, parte de ellas por lo menos, no correspondían a un derecho que pudiera reivindicarse legítimamente”, agregó Esguerra Portocarrero.

La delegación colombiana estuvo integrada además por la Canciller María Ángela Holguín, representantes del Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y el embajador de Colombia en Costa Rica, Hernando Herrera Vergara.