Una iniciativa que pretende crear un marco legal integral, coherente y a la vanguardia del modelo internacional vigente en materia de arbitramento, fue aprobada este martes en segundo debate por la Plenaria del Senado.

El proyecto contribuye a la masificación del uso del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de conflictos y de paso a la descongestión de los despachos judiciales.

“Esta iniciativa busca democratizar el arbitramento, generar más confianza en él, generar más cultura en abogados, ciudadanos y empresarios para el uso de los métodos alternativos de solución de conflictos”, destacó el Viceministro de Promoción a la Justicia, Pablo Felipe Robledo.

Según los promotores, el Proyecto permitirá contar con un mecanismo mucho más expedito que la justicia ordinaria para resolver las controversias. Establece un término máximo de 6 meses de duración para el proceso arbitral, a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, prorrogables por 6 meses máximo.

Con estas disposiciones se pone fin a la costumbre que, por vía de prórrogas o suspensiones, hacían que el proceso arbitral terminara durando muchos años sin resolverse.

“Esta disposición es concordante con la norma de la Ley 1395 de 2010 que establece un término máximo de duración de un año para los procesos civiles, al igual que el Código General del Proceso” afirmó el Viceministro Robledo.

El Proyecto también establece la gratuidad del uso del arbitramento para quien goce de amparo de pobreza, un estricto régimen de control disciplinario para los árbitros y secretarios y promueve el uso de las nuevas tecnologías.

Frente a este último punto Robledo destacó que “cualquier acto procesal o cualquier audiencia puede hacerse con utilización de las tecnologías de la información. Radicación de memoriales, notificaciones, audiencias virtuales, lo cual va en consonancia con el Código Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso que ya también hace trámite en el Congreso de la República y se apronta para su tercer debate”.