Por presunto fraude, abogados que defienden los intereses de las víctimas por supuesto desplazamiento forzado de la hacienda Las Pavas en el año 2009, al sur del departamento de Bolívar, solicitaron a la fiscal general de la nación, Vivian Morales, retirar del cargo a Myriam Martínez Palomino, fiscal que lleva el proceso.

Según los abogados, la fiscal no tiene objetividad y lo que busca es afectar la imagen de los grupos defensores de los derechos humanos y las víctimas del desplazamiento forzado, por parte de los grupos paramilitares.

El escándalo se destapó cuando la fiscal de Cartagena, mediante una providencia, manifestó que existían irregularidades en el reconocimiento de las víctimas de Las Pavas, las cuales buscaron conseguir reconocimiento económico utilizando medios impropios.

El informe de la fiscal Cartagenera concluye diciendo a que aún la Corte Constitucional fue engañada, y que por este acto, se abrieron varias investigaciones disciplinarias y penales para determinar la veracidad del caso de desplazamiento.

El supuesto desplazamiento de las 130 familias a manos de grupos paramilitares nunca fue real, y los campesinos desplazados actuaron bajo convencimiento de terceros.