La Sala Plena del Consejo de Estado mantuvo la investidura de 8 congresistas, en contra de los cuales se adelantaba un proceso por el delito de tráfico de influencias.

Los legisladores eran acusados de realizar maniobras para favorecer la segunda reelección del expresidente Uribe, tales como trasladar de comisión a la senadora María Isabel Mejía y así facilitar la aprobación de la segunda reelección.

La Procuraduría había pedido que se negara las pretensiones de la demanda, debido a que estaba mal sustententada.

Los congresistas beneficiados con la medida son : Dilian Francisca Toro, Aurelio Iragorri, Manuel Mesías Enríquez, Piedad Zuccardi, Juan Carlos Vélez, Armando Benedetti, Carlos Roberto Ferro y José David Name.