En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación ordenó suspensión e inhabilidad especial por el término de 12 meses a los señores Orlando Antonio Maya Martínez y Mario Montoya Gaviria, exfuncionarios del INCODER regional Quindío, quienes se desempeñaban para la época de los hechos en la subgerencia de Desarrollo Productivo Social y en la dependencia de Desarrollo para la Producción y Comercialización, respectivamente.

La decisión fue por irregularidades presentadas en el ejercicio de sus funciones, tipificadas como faltas gravísimas culposas, al emitir concepto de viabilidad técnica sobre el predio “Maracaibo”, ubicado en la vereda La Granja del municipio de Buenavista, Quindío, omitiendo en dicho concepto la aplicación de las normas ambientales que establecen restricción de zonas de reserva forestal como lo establece la Ley 2 de 1959.

Dicho concepto permitió o dio viabilidad para la compra del predio por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), por un monto cercano a los 339 millones de pesos.

Según el fallo, las normas vulneradas son la Constitución Política; la Ley 160 de 1994; así como la Ley 734 de 2002.

En razón a que los investigados actualmente no laboran con la entidad, se procede aplicar el inciso del artículo 46 de la ley 734 de 2002, es decir, la conversión de la suspensión a salarios atendiendo la suma que devengaban para el año 2007. El monto deberá ser cancelado por los sancionados a la entidad a la cual prestaron los servicios, en caso contrario, se iniciará para la misma el cobro coactivo.