La crítica situación generada por las lluvias en 92 municipios de Boyacá, fue planteada ayer por el gobernador Juan Carlos Granados Becerra y varios mandatarios locales ante la Procuraduría General de la Nación. Las autoridades territoriales de ese departamento plantearon la necesidad de contar con directrices jurídicas más concretas que les permita actuar en la oportuna atención a la población afectada y en la prevención de desastres.

A instancias de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales, con el apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se analizan alternativas jurídicas que faciliten la toma de decisiones y las oportunas actuaciones tanto por parte del gobernador como de los alcaldes, en aspectos como la reubicación de familias que habitan zonas de alto riesgo, la habilitación de zonas temporales para la disposición de residuos sólidos, el suministro de agua potable, la contratación de maquinaria para rehabilitar vías secundarias y terciarias, entre otros.

El Ministerio Público insta al Gobierno Nacional para que se preste la asesoría jurídica y técnica pertinente a las autoridades territoriales, y para que a la brevedad posible se gestionen salidas a la emergencia que enfrentan 92 de los 123 municipios boyacenses afectados por la actual ola invernal.