–El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre confirmó en las últimas horas que se apresta a dictar medidas de aseguramiento contra 60 dirigentes políticos por sus presuntos nexos con los grupos paramilitares.

El fiscal también anunció que en junio hará un pronunciamiento sobre “relaciones de la política con las Farc, que estremecerá al país”.

Según Montealegre, al finalizar la próxima semana, por fuera del marco de la justicia transicional, la Fiscalía dictará más de 60 medidas de aseguramiento contra dirigentes políticos, por relaciones indebidas con el paramilitarismo.

En reportaje con Yamid Amat publicado en El Tiempo, el fiscal dijo que los afectados no son excongresistas, sino “miembros de cuerpos de elección popular de entidades territoriales”, que no son “aforados constitucionalmente”, como exconcejales, exdiputados y actuales activistas de partidos políticos.

En cuanto a la Farcpolítica, señalo que en junio, probablemente, hará un pronunciamiento sobre relaciones de la política con las Farc.

Añadio que “si las hipótesis que trabajamos se llegan a confirmar, el país se estremecerá”.

Sin embargo se abstuvo se explicar los hechos que se han descubierto.

Se le pregunto si se investigan relaciones de altos dirigentes políticos con el conflicto y respondió afirmativamente.

¿Qué tan altos?

“Importantes dirigentes de la política. Y no puedo decir nada más”, puntualizó.

De otro lado reconoció que “ hay crisis en la justicia transicional” o lo que se conoce como el proceso de justicia y paz.

“Es indudable que no ha producido los resultados que se esperaban, y eso implica necesariamente un gran rediseño en las investigaciones de Justicia y Paz”, señaló y agregó que “hay que trabajar sobre criterios de priorización, para la investigación de grandes violaciones a los derechos humanos. Estamos a tiempo de salvar el proceso”.

“Tiene enormes dificultades, pero vamos a intentar rescatarlo. Aún tenemos un tiempo razonable para darle un nuevo rumbo. Tenemos que determinar cuáles son los casos más graves, cuáles las estructuras o aparatos de poder que están detrás de esas violaciones a los derechos humanos, y establecer quiénes les daban apoyo. Hay que rediseñar la forma de investigación en Justicia y Paz. El país no puede olvidar que iniciamos un proceso de justicia transicional sin transición.

Estableció que hay unos 30 mil desmovilizados en el limbo jurídico, porque a “no se les puede dar tratamiento de delito político, porque la Corte Suprema, con razón, lo negó y tampoco se les puede aplicar el principio de oportunidad, porque la Corte Constitucional no lo permite.

“En este momento, subrayó, el marco jurídico colombiano es que todos tienen que afrontar proceso penal, y duraríamos más de 100 años en esas investigaciones”.

Subrayo que está trabajando en reorganizar metodologías para realizar investigaciones también por grupos, determinar a qué estructura organizada de poder pertenece ese desmovilizado, y trabajar sobre ese criterio y no sobre casos individuales.

Sin embargo dijo qeu la Corte Constitucional prohibió la investigación y sentencia en grupo y por esto hay que hacer una reinterpretación de normas procesales, para establecer la posibilidad de que estos casos se investiguen conjuntamente.